Aunque sin comprender tecnicismos, muchas personas están entrando al mundo de los activos digitales para tratar de salvar sus negocios o resguardar sus capitales de la crisis económica y de la depreciación del boliviano frente al dólar. La batalla para legalizarlas fue difícil, pero hoy las criptomonedas se usan hasta en negocios callejeros.
Freddy Poma Fernández, de ANF, para #LaHoraDeBolivia*
El 23 de junio de este año, los estudiantes del colegio Elizardo Pérez Suñasivi, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, comenzaron a hacer sus primeras transferencias con fracciones de bitcoins (satoshis) entre ellos. En cambio, los alumnos de la escuela Santa Bárbara de la ciudad de El Alto salen al recreo a comprar sus galletas y jugos del kiosco con esa moneda virtual desde noviembre del año pasado.
Hasta ese entonces, en ambas unidades educativas poco o nada sabían de las criptomonedas ni de otros activos digitales. Pero cuatro horas después de una capacitación impartida por la comunidad Bitcoin Research, los colegiales estaban tan entusiasmados que se decidieron a llevar a la práctica lo aprendido.
“Esto no está limitado a una edad, a ningún estereotipo. Nada más se necesita estar predispuestos y querer aprender”, subraya Alfredo, uno de los capacitadores de Bitcoin Research.
No todos, por supuesto, han sido tan arrojados como estos escolares. Algunos, sobre todo los mayores, son reacios a experimentar con la nueva moneda virtual y todavía temen depositar su dinero en un lugar desconocido, en el que no existen los billetes. Se resisten a cambiar el efectivo y sus prácticas tradicionales porque no pueden manejar muy bien sus celulares y no entienden mucho de aplicaciones móviles.
“Mire, tienen los celulares antigüitos; ni siquiera saben manejar WhatsApp. Entonces, ¿cómo pueden acceder al dólar digital? Ni siquiera tienen curiosidad de saber. Lo único que saben los comerciantes es sumar, restar y multiplicar. Pero de la tecnología… todavía están atrasados. Entonces, es complicado, muy complicado, en una situación muy difícil”, lamenta Mercedes Quisbert, secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, organización que agrupa a pequeños comerciantes de diversos sectores.
Según la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), el perfil de los usuarios de criptoactivos es mayoritariamente hombre y menor de 40 años, aunque el porcentaje de mujeres que incursiona en este mundo es un tercio del total.
Mercedes Quisbert recuerda que muchos jóvenes intentaron llegar a los gremiales para explicarles lo que son los activos virtuales y cómo pueden emplearlos en sus negocios, pero la mayoría no tuvo interés porque están preocupados en cómo seguir con la gestión tradicional que adoptaron para sus actividades comerciales.
Sin embargo, poco a poco, negocios grandes y chicos y ciudadanos del común han entrado en esta nueva forma de economía movidos por el afán de salvaguardar su dinero y protegerse de la depreciación de la moneda nacional frente al dólar.
Aunque la tasa de cambio oficial del peso boliviano se mantiene en 6,96 por dólar, la moneda estadounidense llegó a costar Bs 20 en el mercado paralelo el 15 de mayo. Ese día, la depreciación del boliviano frente a la divisa extranjera fue de 187 %, pero, desde entonces, comenzó a registrar bajas hasta llegar a Bs 13 el 26 de julio.
Estas fluctuaciones se reflejan rápidamente en los precios de los artículos importados. El 80 % de los productos e insumos que consumen los bolivianos llega del extranjero, según ha declarado en reiteradas ocasiones el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
Si una familia promedio podía abastecer una compra diaria con Bs 100 hasta antes del 2023, ahora necesita Bs 200 para adquirir los mismos productos. El salario mínimo nacional este año es Bs 2.750. Pero es necesario resaltar que alrededor del 80 % de la población boliviana trabaja en el sector informal, lo que incluye el trabajo por cuenta propia, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. El restante 20 % se genera en el sector privado y en el Estado (gobierno central y gobiernos subnacionales).
¿Por qué el mercado callejero marca el valor del dólar? La respuesta es sencilla, el Banco Central de Bolivia no tiene dólares para seguir entregando a los bancos las cantidades suficientes que demanda la población. El jefe de Estado, Luis Arce, reconoció que la crisis se debe a una mala administración e inversión de recursos durante los anteriores 14 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en los que él fue ministro de Economía.
Ahora, al no existir suficientes dólares, el gobierno de Arce adoptó una política, a través del Banco Central de Bolivia, de limitar la cantidad de ese billete en el mercado para que las Reservas Internacionales Netas no se queden vacías. Por eso, los bancos no pueden suministrar dólares a los usuarios. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) definió un límite mensual de 100 dólares para que las personas compren online sin comisión; en caso de pasar ese monto, se aplica una fórmula para recalcular el valor del dólar y a eso se suma una tasa de comisión.
Los ciudadanos se ven obligados a pagar servicios online, como Netflix, Google, Meta u otros, usando varias tarjetas de bancos o prefieren comprar criptomonedas sin restricciones para efectuar los mismos pagos.
La inmersión cripto en la crisis
Aunque las palabras criptoactivos o activos virtuales suenen complicadas, la adaptación resultó muy sencilla e intuitiva para muchos comerciantes.
Los primeros cambios se dieron con el uso de los códigos QR para los pagos. Los usan desde las empresas más grandes hasta el chofer de algún minibús que circula en las calles de La Paz. El siguiente paso que algunos están dando en esta crisis es el ingreso al mundo cripto.
Es el caso de Yesica, una vendedora de palomitas de maíz en el sector de El Prado de la ciudad de La Paz, cuyo carrito ambulante llama la atención porque tiene un letrero que indica que recibe pagos con bitcoin con el usuario yesicapipocas@blink.sv.
Lo mismo ocurre en otros pequeños negocios, como Salchipaco, el puesto de salchipapas en El Alto que comenzó a ser viral en redes sociales; en Cochabamba, la cafetería Xantina y la tienda de ropa Luka Marquina también aceptan fracciones de bitcoin, el criptoactivo que no cobra ningún tipo de comisiones en las transacciones.
De acuerdo con los registros de btcmap.org, al 27 de julio, en Bolivia existen 55 negocios que aceptan bitcoins. Esa cifra solo muestra los negocios que decidieron subir su información a ese portal. A juzgar por lo que se ve y se comenta en las calles de varias ciudades son muchos más los negocios pequeños y medianos que ya reciben monedas virtuales.
Lo que sucede con aquellos que trabajan por cuenta propia contrasta con los millones que mueven a diario las grandes industrias. Fabián Espinoza, CEO de Ciberjusticia y delegado jurídico de la Cámara Blockchain Bolivia, asesora a varias empresas industriales de Santa Cruz para exportar e importar mercadería e insumos.
“He asesorado a clientes que han inscrito sus empresas a Binance, la plataforma de exchange más usada en Bolivia, y venden como empresa en la categoría Business to Business (B2B). Pueden vender más volumen de dinero, pueden hacer más transferencias diarias. Mueven montos bastante grandes, mueven millones de bolivianos al día en exportación e importación. Y los grandes sectores industriales de Santa Cruz, como la ganadería. Todos ellos, full B2B”, explica Espinoza.
El 27 de junio de este año, el Banco Central de Bolivia (BCB) reportó un crecimiento de más del 630 % en operaciones con activos virtuales desde que se eliminó la prohibición de realizar transacciones para comprar monedas digitales. De junio del 2024 a junio de 2025, la población boliviana acumuló una transacción de 430.000.000 de dólares solo en la plataforma Binance.
“Este notable desempeño evidencia el amplio uso de estos valores digitales en el país, reflejando la efectividad de las políticas del ente Emisor en su objetivo de generar alternativas para que los bolivianos puedan seguir realizando sus transacciones con divisas (remesas, compras menores y pagos, entre otros) en beneficio de micro y pequeños empresarios de todos los sectores y las familias en general”, resalta la nota de prensa del Banco Central de Bolivia.
Esos 430 millones de dólares de que habla el Banco Central de Bolivia corresponden a las siguientes cifras suministradas por ASFI: 64.000 operaciones efectuadas por más de 15.000 usuarios que adquirieron criptomonedas por un monto aproximado de Bs 3.517 millones, mayormente bajo la modalidad persona a persona (P2P). Cabe mencionar que la tasa de cambio utilizada para calcular el monto en dólares fue de 8,17 bolivianos.
En el último año, según los reportes de las entidades financieras, el 73 % de las transacciones efectuadas se relacionan con USDT (moneda digital estable asociada al valor del dólar). El 27 % restante es empleado en la compra de otras criptos. Respecto a las criptomonedas como bitcoin y ethereum, las operaciones en el mismo periodo son mínimas, menos del 1 %.
Según varios analistas, la decisión del BCB fue técnicamente obligada ante la incapacidad de ofrecer suficientes dólares al sistema financiero para satisfacer la demanda de la población. Con la medida, el ente Emisor se quitó un gran peso, porque existía una fuerte presión de la gente por la escasez del billete extranjero en los bancos y en el mercado paralelo. Por ejemplo, los farmacéuticos exigieron una dotación exclusiva para garantizar la importación de medicamentos. Así como ellos, varios sectores comenzaron a pedir divisas para sus actividades.
Ahora el Banco Central de Bolivia difunde en su página web el reporte de la plataforma Binance.
Antes se castigaba el uso de criptomonedas
En el pánico de la pandemia por covid-19 muchas personas empezaron a ver las criptomonedas como un refugio de sus ahorros ante la incertidumbre que despertaba la cuarentena.
Sin embargo, desde la pospandemia, el CEO de Ciberjusticia comenzó a atender varios casos de personas que estaban siendo procesadas en la justicia ordinaria por comprar monedas digitales.
El BCB había emitido su Resolución de Directorio 144 del 15 de diciembre del 2020 para prohibir el uso de criptoactivos en el sistema de pagos nacional por no ser una moneda de curso legal en el país. Esa disposición derivó en una ola de procesos contra los ciudadanos que comenzaron a explorar el mundo de los activos virtuales.
“Les congelaban las cuentas y les llegaba una notificación de la Fiscalía diciéndoles que tenían que ir a declarar porque estaban investigados por legitimación de ganancias ilícitas. Era terrible, porque ellos no tenían idea de eso. El 80 % de esa gente nunca había atravesado un incidente judicial, no sabía ni dónde era Fiscalía, no sabía por dónde empezar, qué hacer”, recuerda Espinoza.
En su calidad de abogado, atendió a unos 30 clientes con el mismo problema, pero sospecha que miles de usuarios sufrieron esa persecución judicial por refugiarse en las monedas digitales.
Hasta junio del año pasado, cuando un usuario pretendía pagar algún producto o servicio mediante QR o banca digital, debía indicar que la transferencia de su dinero no sería para la compra de criptoactivos.
Según el experto, para evadir ese control, que era una declaración jurada, los mismos usuarios de Binance pedían a los compradores poner en la glosa otro concepto de la transferencia y evitar las palabras relacionadas con las criptos, porque los bancos estaban obligados a reportar inmediatamente esa transacción a la Unidad de Investigaciones Financieras.
“Tampoco quedaba ahí, sino que, conforme a su normativa, al recibir alerta de actividad sospechosa del banco, la Unidad de Investigaciones Financieras metía al usuario en la misma bolsa de actividad sospechosa por terrorismo, contrabando, etcétera, y uso de criptos. Entonces te remitía de oficio a la Fiscalía para que te investigaran por legitimación de ganancias ilícitas. Tuve varios clientes en esta situación. Era sumamente complejo”, lamenta el jurista.
De acuerdo con sus estimaciones, el 90 % de los usuarios de criptos evitaron esos problemas simplemente declarando que no realizaban transacciones con esos fines; el restante 10 % recibió el castigo judicial por manifestar su honestidad.
La batalla legislativa y jurídica por las criptos
A fines de 2022, el abogado Fabián Espinoza presentó la primera iniciativa legislativa para levantar la prohibición sobre criptoactivos impuesta por la Resolución 144/2020 del Banco Central de Bolivia (BCB). Aunque el texto era “técnico, breve y claro”, fue rechazado por un error de forma, pero no se rindió. En enero de 2023 volvió a intentarlo, esta vez con un proyecto corregido; sin embargo, entendió que necesitaba el impulso de legisladores.
Se acercó a la diputada Mariela Baldivieso, quien antes había impulsado la legalización de PayPal. Ella lo escuchó, y junto con técnicos y actores de la comunidad cripto, elaboraron una nueva propuesta más amplia y sólida. El 31 de agosto de 2023, presentaron el proyecto y después se dio a conocer otro que salía de la bancada legislativa del oficialista Movimiento Al Socialismo.
Espinoza recuerda que su propuesta tuvo varias trabas en el Ministerio de Economía, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y el Ministerio de Planificación, porque rechazaban la aceptación de los criptoactivos bajo el argumento de que seguían las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No obstante, casi un año después, se aprobó una ley con un único artículo para abrogar la Resolución 144. “Ha sido una carrera de lucha entre lo propositivo, con leyes; entre lo ofensivo, con recursos judiciales. Al final, era mi lucha nomás, difícil, silenciosa, pero que los incomodaba de alguna manera”, recuerda ahora con satisfacción.
Educación cripto
Lo que está sucediendo en Bolivia les da la razón a premios Nobel y otros economistas prestigiosos que han pregonado a lo largo del tiempo que, en tiempos de crisis, la gente comienza a tratar de entender más de economía. Es lo que sostienen oradores motivacionales como Robert Kiyosaki, autor de Padre rico, padre pobre, un reconocido libro de educación financiera popular.
Pese a los pocos esfuerzos del Banco Central de Bolivia por extender cursos y talleres sobre activos virtuales, cada vez la población demanda más educación y capacitación práctica para no caer en estafas o robo de su dinero en el mundo virtual.
Bitcoin Research, la misma comunidad que les enseñó a usar las criptomonedas a los estudiantes de los colegios del altiplano, firmó recientemente un convenio con el Instituto Boliviano de la Ceguera para llevar capacitaciones adaptadas a personas no videntes.
Alfredo, miembro activo de Bitcoin Research, resalta que esta comunidad solo se enfoca en dar educación y capacitación gratuita donde los requieran; no es un grupo de inversión ni mucho menos venden algún curso o servicio.
El delegado jurídico de la Cámara de Blockchain Bolivia, Fabián Espinoza, asegura que la demanda es muy alta, porque constantemente es invitado por diversas universidades a dar una charla, un taller, un curso, hasta un diplomado sobre los criptoactivos.
“En el 76 % de las universidades del país se realizó algún taller, curso o posgrado sobre criptos o temas relacionados después de la pandemia. Ahora voy a dar un módulo en un diplomado de la Univalle, otro en la Unifranz y otro más en la Universidad Católica de Santa Cruz. Tres diplomados en fila”, enfatiza.
Como docente facilitador, sostiene que uno de los trabajos más pesados es desmentir las versiones de influencers, youtubers o tiktokers que propagan información falsa o engañosa en las redes sociales, porque casualmente gran parte de la gente opta por “educarse” en esas plataformas.
Incluso los representantes del Ministerio Público comenzaron a demandar formación en el área. El 22 de julio de este año, casi 170 fiscales pasaron un curso de la Escuela de Fiscales del Estado sobre criptoactivos para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y delitos conexos.
Los asistentes a ese curso se registraron al Sistema de Solicitudes para las Fuerzas del Orden de Binance, ya que la plataforma ofrece a las autoridades información sobre las transacciones de las personas investigadas.
El futuro cambiario ya es el presente
La crisis económica que el gobierno del MAS no puede resolver desde el 2023 aceleró la libertad financiera de muchos bolivianos. Aunque con las restricciones, la gente se daba modos para que su dinero pudiera estar en entidades descentralizadas y fuera del país; solo así se sentía segura para proteger sus ahorros y preservar la continuidad de sus negocios.
Estas necesidades de una sociedad en particular obligan a que existan nuevos emprendimientos que ofrezcan soluciones. En el corto tiempo, las dinámicas de las finanzas seguirán cambiando a un ritmo mayor, los datos de la ASFI y las experiencias de comerciantes, escolares, empresarios, entre otros, así lo respaldan.
Estas nuevas dinámicas financieras se están afianzando en las prácticas cotidianas. Prueba de ello es lo que ocurre en los recreos con criptos de los estudiantes de la escuela Santa Bárbara y del colegio Elizardo Pérez Suñasivi, con el conductor de minibús que acepta pagos virtuales o con la vendedora de pipocas por las calles de La Paz.
*Esta historia hace parte del especial Relatos del Absurdo, primera entrega de la iniciativa #LaHoraDeBolivia, liderada por CONNECTAS en alianza con un ecosistema de medios bolivianos. Desde hoy podrás leer crónicas de lo que está pasando en este país, en la antesala de las elecciones nacionales
