El litio se ha convertido en moneda de cambio en las campañas electorales hacia los comicios generales en Bolivia, aunque es una industria que no logra despegar y están en la mira los polémicos contratos con empresas de China y Rusia por unos 2.000 millones de dólares que expertos advierten que no benefician al país.
Como en 2020, el litio boliviano estuvo nuevamente en el foco de las campañas para los comicios del 17 de agosto, entre ofertas consideradas superficiales por expertos y acusaciones de supuestos pactos con empresas extranjeras para entregarles el recurso a cambio de apoyo electoral.
A la par, en los últimos meses fueron constantes las peleas en el Legislativo por la aprobación de dos contratos para la explotación de litio cuestionados por la oposición y por el sector oficialista leal al expresidente Evo Morales (2006-2019), quien está distanciado del Gobierno de Luis Arce.
Según el Ejecutivo, Bolivia posee unas reservas de 23 millones de toneladas de litio, la mayoría en el salar de Uyuni en la región andina de Potosí, donde en 2023 se inauguró un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio que funciona con un sistema de piscinas de evaporación.
José Carlos Solón, investigador de la privada Fundación Solón, explicó a EFE que el problema principal de la factibilidad del litio en el país es que tanto sus reservas como la técnica elegida inicialmente para su explotación “no son las mejores”.
Puso como ejemplo el salar chileno de Atacama, donde extraer litio “es más sencillo” por las condiciones climáticas, lo que no ocurre en Uyuni que, además, “tiene una alta cantidad de magnesio” y separar ambos elementos supone “un desafío” científico e “ingenieril”.
A esto se suman los “defectos de diseño” hallados en algunas piscinas de la planta industrial, lo que impide su funcionamiento al 100 %.
El experto indicó que, si bien es normal que una industria tenga un periodo de adecuación para pasar “de cero a cien”, en el caso boliviano la cifra para esta estabilización “no es tan favorable” y actualmente la producción es de 3.000 toneladas, “por debajo del 20 %” de su capacidad total.
La planta industrial fue un proyecto iniciado durante el Gobierno de Morales, mientras que Arce optó por la extracción directa del litio (EDL) para agilizar la anhelada industrialización.
Para esto, firmó contratos con la compañía china CBC y la rusa Uranium One Group, que hoy son motivo de discordia en el Legislativo y que, además, son rechazados por comunidades indígenas de Potosí porque no se les consultó previamente sobre estos proyectos, como mandan las normas.
Según Solón, lo establecido en estos contratos supone que Bolivia deberá pagar a las empresas “la inversión, los intereses”, el costo operativo, la licencia de servicio, pero además tienen una “mala distribución de las utilidades y carecen de estudios de impacto ambiental, entre otros.
Propuestas y análisis
Los candidatos que encabezan las encuestas, el empresario de centroderecha Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de derecha, coinciden en que primero deben conocer el estado real del proyecto de industrialización impulsado por Morales y Arce, para luego atraer inversión extranjera, una propuesta que se repite en otros programas de gobierno.
El candidato de centroderecha Manfred Reyes Villa propone la “venta anticipada” de la producción para conseguir 10.000 millones de dólares, y el de centro Rodrigo Paz Pereira plantea reestructurar la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el exoficialista Andrónico Rodríguez buscará alianzas con otros productores como Argentina y Chile.
Solón consideró que los candidatos “están muy lejos de comprender el desafío detrás del litio” y están “repitiendo esa intención generalizada de industrialización”, pese a las experiencias de los últimos años “que muestran que esto es una tarea mucho más compleja”.
“El litio se parece a una industria farmacéutica muy compleja, con muchos elementos que en el fondo plantean desafíos tecnológicos muy grandes, desafíos de inversión y de tiempos de implementación”, indicó.
Ante las ofertas de traer dólares al país gracias al litio, Solón mencionó que las perspectivas más moderadas hacia 2030 hablan de un precio de 15.000 a 17.000 dólares por tonelada.
Si se multiplica esa cifra por las 59.000 toneladas que sumarían la planta estatal y lo comprometido por las firmas extranjeras no se llega “para nada a una cifra similar a la del gas” natural, que hasta hace unos años fue el sustento de la economía boliviana, pero que entró en declive, apuntó.
“Es importante tener en perspectiva que el litio no es el gas, no nos va a salvar, nos puede quizás permitir diversificar, pero hay otros elementos que hay que observar para lograr pensar en qué es lo que se podría hacer si es que no hacemos más extractivismo”, agregó.
Fuente: Gina Baldivieso/ EFE.
