Opositores en Bolivia celebraron este martes la revocatoria de la prisión preventiva a los líderes contrarios al Gobierno Luis Fernando Camacho, a quien se le concedió el arresto domiciliario, y Marco Pumari, beneficiado con “libertad pura y simple” en un caso relacionado a la crisis política de 2019.
La decisión fue tomada por un tribunal de la jurisdicción de La Paz, en medio de insultos y golpes en el exterior del juzgado durante la audiencia, entre los seguidores de ambos líderes con un grupo de personas que exigían que no se les retirara la medida cautelar.
“Este primer paso hacia la libertad, se lo debo a nuestro pueblo que en diciembre pasado, con el voto, eligió a representantes de la Justicia que hoy empiezan a recuperar el estado de derecho”, escribió Camacho en X, quien es el gobernador de la oriental región de Santa Cruz, pero que actualmente esta suspendido de sus funciones mientras enfrenta los procesos judiciales.
Entre tanto, Pumari debe aguardar que se emita el mandamiento de libertad y posteriormente retornar a su natal Potosí para concluir los trámites con los que dejará la prisión.
Por su parte, la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) publicó en X que con el fallo a favor de Camacho y Pumari “la Justicia se encamina a restablecer el Estado de Derecho”.
Añez también culpó al expresidente Evo Morales y a sus “cómplices” por promover una “persecución política, fiscal y judicial implacable, tortuosa y cínica”, por lo que la decisión judicial de esta jornada “no es un triunfo, es el comienzo de una reparación”.
La exmandataria, detenida desde marzo de 2021, también estaba entre los acusados por el caso “golpe de Estado I”, fue apartada de ese proceso al tener una sentencia de diez años por una caso en el que se le acusó de situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial en 2019, tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales.
El expresidente denunció un “golpe de Estado” en su contra, mientras que las protestas sociales denunciaban un fraude a su favor en los frustrados comicios de 2019 para acceder a un cuarto mandato consecutivo.
Así mismo, el empresario opositor Samuel Doria Medina, quien participó en las elecciones del pasado 17 de agosto, señaló en la red social X que el fallo a favor de Pumari y Camacho es “un momento importante para la historia democrática de Bolivia”.
“Esto era imposible antes de la victoria del pueblo en las elecciones del 17 de agosto. Se lo debemos a la decisión de este de sacar al MAS (Movimiento al Socialismo) del poder político boliviano”, apuntó Doria Medina.
La revisión de estos casos emana de una instrucción que el TSJ dictó hace unos días para revisar los plazos de detenciones preventivas contra Áñez, Camacho y Pumari.
La detención domiciliaria a favor de Camacho se dio dentro del llamado caso ‘golpe de Estado I’, por el que fue encarcelado a finales de 2022; sin embargo, el gobernador tiene otros procesos por los que está detenido preventivamente que deben revisarse en los próximos días.
El caso ‘golpe de Estado I’ se inició por una denuncia de una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en 2019.
Este miércoles, Camacho afrontará otra audiencia, aunque virtual, para revisar su situación jurídica en otro proceso por una huelga ciudadana realizada en Santa Cruz en 2022, que reclamaba que se realizara oportunamente el censo de población y vivienda.
Por su parte y contrario a los anteriormente citados, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien representa a uno de los bloques del oficialista MAS lamentó “profundamente” que algunos jueces hayan anulado los procesos en contra de los que él considera fueron responsables de las muertes de una veintena de civiles ante las fuerzas de seguridad en 2019.
“Nuestros hermanos asesinados merecen justicia. Pedimos y hacemos el llamado a la justicia que no se doblegue al poder ni al momento político”, escribió Rodríguez en Facebook, quien cree que los jueces obran para “congraciarse” con el nuevo Parlamento que estará dominado por la “derecha” después de veinte años.
