El exministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, que llegó a Bolivia este jueves tras ser deportado desde EE.UU., afronta en su país 15 procesos penales, la mayoría vinculados a su gestión durante la Administración transitoria de Jeanine Áñez, informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Mariaca precisó a los medios que “a la fecha”, Murillo “tiene 15 procesos penales” abiertos en el país, de los que diez están en fase de juicio oral, es decir que ya existe una acusación formal “por diferentes hechos” y otros dos están en “etapa preparatoria”, en la que ya “se encuentra con imputación formal para que resuelva el juez cautelar”.

Los tres restantes están “en etapa preliminar, en la cual los fiscales determinarán el imputar o rechazar el caso cuando amerite y conforme a procedimiento”, indicó.
El fiscal general recordó que dentro de estos procesos, ya hay dos “sentencias condenatorias”, una por ocho años de cárcel dentro del caso denominado ‘gases lacrimógenos’, por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Dentro de ese proceso se emitió también el mandamiento de aprehensión por el que Murillo fue detenido tan pronto llegó al país y tras cumplir con los registros correspondientes ante Migración e Interpol.
La otra sentencia es por cinco años y cuatro meses, dentro del caso ‘gases Ecuador’, por gestionar de forma irregular ante Ecuador la dotación de equipos antidisturbios en la crisis social y política de 2019.
Murillo llegó en la madrugada a la región oriental de Santa Cruz, procedente de EE.UU., y desde allí fue trasladado en avión hasta La Paz, donde en las próximas horas comparecerá ante un juez que definirá su situación jurídica.
Mariaca explicó que hay “diferentes comportamientos legales” en cada proceso, ya que sobre Murillo pesan tanto sentencias condenatorias como mandamientos de rebeldía y órdenes de aprehensión que se tendrán que resolver conforme a procedimiento.
“Lo que sí se tiene claro es que esta persona tiene que pasar a una cárcel pública en el departamento de La Paz para cumplir bien sea la condena que ya tiene en dos casos que he mencionado o, en su defecto, la detención preventiva que tendría que darse fruto de la rebeldía que en su momento se dictó a través de un juez”, indicó.

Las dos cárceles principales de La Paz son la de San Pedro, situada en el barrio homónimo cerca del centro histórico de la ciudad, y el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el Altiplano.
Arturo Murillo fue detenido en EE.UU. en 2021, acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, y en 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel.
Murillo, de 61 años, fue empresario hotelero, diputado en la legislatura 2006-2010 con el partido Unidad Nacional (UN) y senador en el periodo 2015-2019, cuando esa agrupación conformó la alianza Unidad Demócrata (UD).
Con UD, integró la bancada de oposición ante el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) liderado entonces por el expresidente Evo Morales (2006-2019), hasta la renuncia del exgobernante durante la crisis social y política de 2019.
El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que sus detractores aseguran que su denuncia se debió a las protestas ciudadanas contra un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados.
Cuando la entonces senadora opositora Áñez (2019-2020) asumió por sucesión la Presidencia interina de Bolivia, Murillo y otros legisladores de UD ocuparon altos cargos en el Gobierno de transición.