Cuando estalló la pandemia, el entonces presidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte, y otros ejecutivos solicitaron al FMI asistencia financiera de emergencia para Bolivia por el monto de 327 millones de dólares.
Esto ocurrió durante el gobierno transitorio constitucional de la entonces presidenta Jeanine Añez en 2020. El fin era que el gobierno equilibrara la balanza de pagos por la pandemia de la COVID-19, para apoyar los gastos médicos y las medidas de socorro que se requerían con urgencia para proteger el bienestar de la población.
El FMI aprobó el intercambio financiero de DEG por dólares, pero cuando asumió la presidencia Luis Arce, miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), en 2021, devolvió el financiamiento al FMI efectuando un pago total de 351,4 millones de dólares por variación cambiaria, intereses y comisiones.
Sin duda, la devolución fue una decisión política sin sentido que costó dinero al Estado boliviano y a los ciudadanos. El MAS siempre ha tenido reticencia al FMI, a pesar de que Bolivia es miembro fundador del organismo internacional desde 1945.
Luego, durante el gobierno de Arce, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra Guillermo Aponte y el entonces ministro de Economía, José Luis Parada, por gestionar recursos sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
No fue la contratación de un préstamo en sentido jurídico ni en sentido técnico, sino un intercambio de DEG por dólares americanos, sujeto a una obligación de recompra al final del plazo y, por tanto, no requería de la aprobación del Parlamento.
El hecho es que el señor Aponte tuvo que ir a Brasil para recibir atención médica porque se contagió de COVID-19.
Su caso pasó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se anule el proceso existente y sea juzgado a través de un juicio de responsabilidades. Es más, sobre el mismo caso se le abrió otro proceso penal.
En realidad, no le tocaría ser juzgado y, sin lugar a duda, Guillermo Aponte es víctima de un juicio político. Su familia y la defensa solicitan que su caso sea anulado y trasladado a un juicio de responsabilidades.
Mañana viernes se realizará una audiencia en la que se decidirá si se anula el proceso y se pasa a un juicio de responsabilidades en el Parlamento, que es el tribunal competente.
El Banco Central de Bolivia reconoció en 2025 que la conversión de los DEG a dólares es una atribución de los bancos centrales y no un préstamo.
La defensa de Aponte denunció que su cliente enfrenta un proceso cargado de irregularidades. Según sus abogados, no se le permitió defenderse por la vía virtual y se le prohibió el contacto con los medios de comunicación.
No le tocaría ser juzgado en un juicio ordinario porque ya fue incluido en un juicio de responsabilidades junto a la expresidenta Jeanine Añez y el exministro Parada. Lo que correspondería es que se acumulen los obrados del juicio penal al juicio de responsabilidades.
Recordemos que el caso del gobernador Camacho y de la expresidenta Añez se está anulando para ser enviado a un juicio de responsabilidades.
También son acusados exdirectores del ente emisor, entre ellos Armando Pinel, Walter Morales, Roger Banegas y José Gabriel Espinoza; el exgerente de operaciones Walter Guzmán y los exfuncionarios del Ministerio de Economía Carlos Schlink y Cristhian Morales.
