El caso del Banco Internacional de Desarrollo S. A. (BIDESA) lleva 28 años siendo juzgado y finalmente se encuentra con una sentencia condenatoria para 8 exfuncionarios, por organización criminal, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa con víctimas múltiples. El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, dijo que “todos los condenados por el delito de estafa deben cancelar multas con costas y responsabilidad a las víctimas y al Estado”.
Pero no es sencillo de contar porque tiene una muy larga historia y como se puede inferir un accionar legal extremadamente lento e ineficiente que se demuestran solo en 28 años, la cantidad de artimañas legales, recursos y otros obstáculos que se fueron presentando, hizo que fuera un caso eterno. Los principales recursos de obstaculización se presentaron por Roberto Landívar Roca, quien fue el principal accionista del banco quebrado con el 70%, quien también fue diputado nacional, por Unidad Cívica Solidaridad (UCS).
El 14 de mayo de 1998, el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) presentó la denuncia por la venta irregular de terrenos pertenecientes a la misma institución, este acto irregular se dio mediante Escrituras Públicas 222/97 y 223/97 de 12 de diciembre de 1997. Por esta razón el denominado BIDESA fue intervenido en diciembre de 1997 por la Superintendencia de Bancos, entidad que luego se convirtió en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y liquidado forzosamente. Durante el proceso se estimó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 87 millones de dólares, de los cuales sólo se pudieron recuperar aproximadamente 5 millones hasta el año 2000. En esa época la autoridad de la Superintendencia de Bancos era Jacques Trigo y reclamaba “es imposible que Bolivia avance si no hay una mejora sustantiva en la justicia”. Al parecer dicha mejora no llegó, pero finalmente se alcanzó una sentencia.
En el año 2001 se detuvo a Landívar Roca y fue llevado preso a la cárcel de San Pedro en La Paz, en ese entonces la Agencia de Noticias Fides (ANF), informó que se encontraban a días de poder recuperar el dinero y que se haga justicia para las víctimas de estafa que confiaron en el banco. Sin embargo, fue liberado en diciembre de 2006 bajo fianza, sin que se hubiera devuelto dinero a los ahorristas. Tras 14 años de investigación y múltiples dilaciones el año 2012 se instaló un juicio oral con decenas de imputados, incluyendo altos ex ejecutivos del banco, según informó el periódico La Patria. Esto fue una causa para que Landívar Roca retorne al penal de San Pedro, por obstrucción de justicia y amenazas a las víctimas.
La detención no duró mucho, en el año 2013 fue liberado nuevamente con detención domiciliaria, y en 2014 el Ministerio de Transparencia, a la cabeza de Nardi Suxo, presentó nuevos cargos por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, según informó Los Tiempos, al comprobar que su esposa, Fátima Alejandra Rivas Memm, había adquirido 4 bienes inmuebles sin tener una actividad que respaldara sus ingresos o su capacidad adquisitiva. De igual forma su hijo mayor Roberto Carlos Landívar Rivas abrió una cuenta bancaria a sus 19 años y posteriormente realizó movimientos por 8 millones de dólares y compró 15 inmuebles, además se volvió accionario de 2 empresas del sector automotriz por aproximadamente más de 3 millones de bolivianos, a su corta edad todavía no contaba con profesión o actividad conocida, como informó el medio Oxígeno Digital.
Su otro pariente, Jorge Landívar Gil prestó su nombre para adquirir el 62% del capital de Auto Corporación Sercoa Ltda. Con un monto equivalente a 6.6 millones de bolivianos y también poseía 4 inmuebles.
Finalmente, en octubre de 2023 la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó una sentencia contra algunos otros personajes que eran socios del banco, y/o asociados a las actividades ilícitas de Landívar Roca, entre los que figuraban también otros parientes suyos como Jesús Alfredo Rivas Memm, hermano de su esposa. Otros sentenciados en ese momento fueron, Juan Veza Chávez, Ramón Darío Aguilera River y Rubén Darío Pinto Rodal.
La última sentencia se dio a conocer el 4 de septiembre de 2025, que determinó a otras 8 personas como culpables y les otorgó las siguientes penas: Miguel Ángel Linares Mercado, con 4 años de privación de libertad; Javier Fernández Mostajo y Gallardo, con 4 años; Néstor Portocarrero Zambrana, 2 años; Freddy Andrade, 2 años; Gustavo Antelo, 4 años; Juan Félix Ronald Viruez Arce, 4 años; María Rene Valencia de Arce, 4 años; y Daniel Pérez Saucedo, 4 años.
En su momento Nardi Suxo informó que fue el Banco Central de Bolivia (BCB) quien se vio obligado a asumir las deudas de la entidad.
