El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra afronta una tensión máxima, con acusaciones cruzadas de ilegalidad y obstrucción tras la elección de una nueva directiva. Mientras la concejala oficialista (UCS) Gabriela Garzón defiende la legalidad de los cambios, el excandidato a la alcaldía Gary Añez denuncia un “atropello” a la norma y la desesperación del alcalde por aprobar un presupuesto polémico.
La tensión se centra en el debate sobre la legalidad de los procedimientos y el futuro del Presupuesto Operativo Anual (POA) 2026, aprobado por decreto edil.
La concejala Gabriela Garzón, de la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), defendió su nombramiento como presidenta del Concejo, asegurando que el proceso fue legal y se apegó al reglamento interno. Garzón explicó que no hubo la elección de una nueva directiva anual, sino del llenado de “acefalías” o vacantes, una medida aprobada el pasado viernes por la mayoría de concejales.
Acusó a la oposición de generar violencia para obstaculizar el trabajo del Concejo, perjudicando a la población. Además, desmintió las denuncias sobre un supuesto endeudamiento de 600 millones de bolivianos, y afirmó que el POA aún no ha sido derivado a las comisiones correspondientes.
José Alberti, quien asegura continuar como presidente en ejercicio del Concejo, calificó las acciones de la bancada oficialista como un “show político” y un intento de “avasallar” la institucionalidad. Alberti acusó directamente a la concejala Gabriela Garzón y a Miguel Fernández, hijo del alcalde, de intentar tomar la presidencia y la secretaría del ente legislativo con el respaldo de dos concejalas del MAS.
Según su versión, el intento fue frustrado por la propia ciudadanía y otros concejales. Alberti afirmó que la verdadera motivación de UCS es someter al Concejo para aprobar créditos y proyectos cuestionados. Aseguró que no se dejarán intimidar y que presentarán demandas judiciales para defender su posición.
Por su parte, el excandidato a la alcaldía cruceña Gary Añez señaló que la tensión en el Concejo es el resultado de la vulneración de la legalidad desde el inicio de la gestión municipal. Sostuvo que, según el reglamento y una certificación del tribunal electoral, la presidencia debería corresponder a su bancada, Comunidad Autonómica, por ser la “primera mayoría” en el voto popular para concejales.
Añez tildó la nueva elección de directiva como “ilegal” y la atribuyó a la “desesperación” del alcalde Jhonny Fernández, a quien calificó de “demente”, y sus concejales. Advirtió que la verdadera intención detrás de este “atropello” es la aprobación de un millonario presupuesto y créditos, lo que él considera un intento de “terminar de pelarse la ciudad”.
Comité pro Santa Cruz en emergencia
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó el ausentismo de los concejales de UCS y el MAS como un “robo al pueblo cruceño”, ya que “se les paga para trabajar, no para ausentarse”.
Cochamanidis advirtió que el Comité no tolerará el “matonaje” del Ejecutivo municipal para evitar la fiscalización y la aprobación de leyes, y exigió que los 11 concejales se presenten a la próxima sesión o, de lo contrario, se habilite a sus suplentes.
Entrevista completa a Gary Añez:
Entrevista completa a Gabriela Garzón:
