Joshua Bellott, analista económico, alertó que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para establecer un nuevo diferimiento de créditos podría generar un fuerte impacto en la liquidez del sistema financiero y convertirse en un problema mayor para los propios prestatarios en el futuro.
Bellott recordó que el primer diferimiento, aplicado en 2020, significó el congelamiento de más de 3.500 millones de dólares, de los cuales todavía quedan 800 millones pendientes de pago. Según sus cálculos, la nueva propuesta de diferimiento por seis meses, congelaría entre 2.500 y 2.600 millones de dólares, es decir, el doble del crecimiento anual promedio de la cartera bancaria en los últimos dos años, estimado en 1.300 millones.
“Si dejamos a los bancos sin liquidez, reduciendo su cartera, esto puede tener connotaciones graves para la economía. El sistema financiero es una pieza fundamental para el crecimiento, y ya venimos de un 2024 con apenas 1% de expansión y un 2025 que podría cerrar en negativo”, sostuvo el ejecutivo.
El Ministerio de Economía había defendido la iniciativa señalando que se trata únicamente de una suspensión temporal de ejecuciones judiciales para prestatarios de vivienda social, asegurando que el impacto no superaría el 3% de la cartera total. No obstante, Bellott consideró “relativa” esta afirmación, recordando que en los últimos meses el sistema financiero ya ha sufrido una caída de depósitos por 1.300 millones de dólares y una reducción del 50% en el excedente de encaje legal, lo que evidencia un escenario de fragilidad.
Asimismo, advirtió que la medida podría ser contraproducente para los propios deudores: “El diferimiento es una bomba de tiempo. Lo que se acumula hoy se traslada al final del crédito, generando cuotas mucho más altas. Si ya ahora, es difícil pagar en medio de la crisis, será más complicado en un futuro cercano” aseveró.
En este sentido, Bellott planteó que lo más saludable sería una reprogramación de créditos antes que un diferimiento, ya que ello permitiría ajustar plazos y condiciones de pago de manera realista y sostenible, sin comprometer la estabilidad del sistema financiero ni agravar la carga de los prestatarios.
Con la discusión abierta en la Asamblea Legislativa, el sector bancario advierte que cualquier decisión debe considerar la delicada situación económica actual, marcada por inflación, escasez de dólares y bajo crecimiento, a fin de evitar medidas que, aunque bien intencionadas, puedan profundizar la crisis.
