El presidente Luis Arce promulgó la Ley 1636 para la “Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”, norma que introduce cinco nuevas figuras penales para hacer frente a delitos digitales contra menores, creadas con el consenso unánime de la Asamblea Legislativa Plurinacional y propuesta por la Fiscalía General del Estado.
Con esta nueva ley se sancionará con penas de 10 a 15 años de privación de libertad a quienes distribuyan, vendan, arrienden, intercambien o comercialicen contenido digital que represente partes íntimas de niñas, niños o adolescentes o lleve a exhibicionismo corporal con fines sexuales o económicos, mientras que quienes contacten a menores mediante mensajes, videos, fotografías u otros contenidos eróticos o sexuales serán castigados con 4 a 8 años de cárcel; se penalizan también la exposición de menores a contenido sexual (3 a 6 años), la producción de material de abuso sexual infantil (15 a 20 años) y la posesión o comercialización de dicho material (5 a 15 años).
No obstante su claro propósito de protección, gremios periodísticos como la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) han expresado su preocupación por disposiciones que, según consideran, podrían afectar garantías constitucionales como el secreto de fuente periodística, la privacidad de las personas y la libertad de expresión, especialmente en artículos que obligan a empresas de telecomunicaciones a entregar datos o metadatos bajo ciertas condiciones, lo que podría abrir la puerta a vigilancia o censura previa.
Entre los beneficios sociales de esta ley se encuentran el fortalecimiento del marco jurídico estatal para prevenir y sancionar delitos emergentes como el grooming, la producción y difusión de material sexual infantil, y el contacto indebido con fines sexuales hacia menores; la mejora en la protección, reparación y atención psicológica para las víctimas; el impulso a la cooperación institucional, regulatoria y tecnológica para enfrentar nuevas amenazas digitales; y la generación de mayor conciencia ciudadana sobre los derechos digitales de niñas, niños y adolescentes, lo que contribuye a construir una sociedad más segura, responsable y respetuosa de la infancia en la era digital.
