El vicegobernador Mario Aguilera respondió a las acusaciones sobre la pérdida de la sede de la final de la Copa Sudamericana en el estadio “Ramón Tahuichi Aguilera”, asegurando que durante su gestión quedaron resueltos los recursos financieros y los contratos necesarios para la readecuación del escenario deportivo. Sin embargo, a falta de firma en el contrato por parte de Camacho, la CONMEBOL entendió que los recursos no estaban asegurados.
Aguilera enfatizó que la Gobernación no administró de manera directa fondos públicos para la obra, ya que el contrato fue firmado con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y las empresas responsables de los trabajos. Además, señaló que se aseguraron los insumos clave con apoyo de la Conmebol, como la nueva iluminación y pantallas gigantes, cuyo arribo al país fue confirmado por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
El vicegobernador explicó que su despacho desarrolló un modelo de concesión con patrocinio privado para financiar los palcos de hospitalidad, pantallas y otros equipamientos, garantizando más de 5 millones de dólares sin afectar el presupuesto departamental. “Lo único que tenían que hacer era firmar los contratos ya aprobados con las empresas”, afirmó, recalcando que existían cartas de intención que respaldaban los acuerdos.
En su exposición, Aguilera detalló que el modelo permitía que cada palco fuera concesionado por diez años a empresas interesadas, generando recursos inmediatos para la construcción y asegurando la autosostenibilidad del estadio a futuro. “Mi responsabilidad es cero. No solo trabajamos sin que le cueste un peso a la Gobernación, también conseguimos recursos por demás”, expresó.
El vicegobernador remarcó que la falta de firma de los contratos por parte del despacho del gobernador fue la causa principal del retraso en la obra. “¿De quién es la culpa? Clarito: de quienes no cumplieron con los tiempos para firmar esos contratos y conseguir los recursos. Esa culpa yo no la voy a aceptar”, dijo con firmeza.
Finalmente, lamentó que la pérdida de la sede de la final represente no solo un perjuicio económico, calculado en al menos 40 millones de dólares, sino también un daño intangible a la imagen de Santa Cruz como anfitrión internacional. “Aquí no se trata de echar culpas; se trata de trabajar. El cronograma estaba, los recursos estaban, las empresas estaban. Faltó voluntad y decisión”, concluyó.
