La reciente noticia de que Bolivia logró recuperar su derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas al ponerse al día con las cuotas adeudadas ha provocado una ola de reacciones en el país. El anuncio oficial de esta normalización coincide con la cercanía de la sesión de la Asamblea General de la ONU, lo que ha alimentado críticas por la gestión gubernamental y cuestionamientos sobre el manejo de las finanzas internacionales del Estado.
Ernesto Rodríguez Veltzé, expresidente, fue uno de los primeros en manifestar su disconformidad a través de redes sociales. En su mensaje en X, condenó lo que considera una actitud oportunista por parte del gobierno: señala que, tras meses de silencio respecto a la deuda, justo antes de la Asamblea se anuncia la recuperación del voto en la ONU como un logro oficial, describiéndolo como un acto “conveniente y oportuno”.
Además de Rodríguez Veltzé, otras figuras públicas han alzado la voz en este debate. El exrepresentante permanente ante la ONU, Diego Pary, criticó la falta de compromiso del Estado con la diplomacia multilateral al permitir que se acumule la deuda hasta perder derechos tan fundamentales como el voto. Pary advirtió que el hecho de “quedar fuera de debates y resoluciones sobre paz, sobre derechos humanos o desarrollo sostenible” no es algo simbólico, sino una pérdida real de influencia internacional.
Por su parte, el diplomático Javier Viscarra señaló que la suspensión del voto no solo refleja un descuido administrativo, sino que daña seriamente la imagen nacional, pues “no se trata de un castigo simbólico” sino de la pérdida efectiva de voz. El internacionalista Álvaro del Pozo añadió que el pago de última hora parece orientado a salvar el decoro del presidente Luis Arce ante la asamblea general, y advirtió que los próximos gobiernos deberán asumir una proyección internacional más constante.
Las repercusiones políticas inmediatas incluyen cuestionamientos sobre la transparencia del proceso: ciudadanos, opositores y medios exigen saber con precisión cuánto se debió, cuál fue el monto pagado, con qué fondos se realizó el desembolso, y bajo qué condiciones se negoció. Se plantea también si esta acción formó parte de un plan preventivo o si responde únicamente a presiones externas o pérdidas diplomáticas relacionadas con la falta de pago.
Otro punto de debate gira en torno a la credibilidad internacional del país. Que Bolivia haya perdido su derecho a voto resalta las consecuencias prácticas de las obligaciones internacionales incumplidas: el respeto a los tiempos de pago, la previsibilidad en las relaciones internacionales y la responsabilidad frente a estos compromisos. Recuperar el derecho al voto podría verse como un paso para mitigar daños reputacionales, pero para muchos la pregunta es si este “error” pudo evitarse con una política exterior y financiera más constante.
Se alzan voces también desde la sociedad civil y expertos en diplomacia que advierten que estos episodios erosionan la confianza: tanto interna, pues los ciudadanos esperan responsabilidad del gobierno; como externa, pues organismos internacionales y otros estados valoran la solvencia moral y financiera al decidir cómo interactuar, cooperar o negociar con el país.
Finalmente, la situación abre espacio para una discusión amplia sobre el manejo de la deuda internacional menor, la programación presupuestaria y la prioridad que el Estado asigna a su participación en organismos multilaterales. En este sentido, el anuncio, y la polémica que lo acompaña, podrían forzar una revisión más transparente de las obligaciones internacionales y de los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de compromisos diplomáticos.
Asuntos Centrales intentó comunicarse con la Canciller Celinda Sosa y con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina, para conocer su postura oficial respecto a estas críticas, pero no se obtuvo respuesta a los mensajes o llamadas.
