La Comisión Especial de la Cámara de Diputados concluyó su investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa subsidiaria Botrading S.A., vinculada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y aprobó por unanimidad un informe que fue remitido al Ministerio Público, a la Contraloría General del Estado y a la Presidencia del Estado.
El documento, de 122 páginas, alerta sobre indicios de daño económico al Estado, creación de sociedades ficticias, negociaciones incompatibles, pagos sin contrato y falsedad ideológica. El diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, miembro de la comisión, afirmó que el perjuicio podría superar los 355 millones de dólares.
Contradicciones en la versión oficial de YPFB
La vocera de YPFB, Ángela Marín, en entrevista con Asuntos Centrales, defendió la actuación de la estatal petrolera y aseguró que el informe aprobado por la Cámara de Diputados “demuestra transparencia” en las operaciones de YPFB y su subsidiaria Botrading. “No corresponde manifestar que exista un daño económico al Estado de manera verbal y subjetiva. El informe refleja que no existe tal daño”, declaró.
Sin embargo, esta afirmación entra en contradicción con los puntos 4, 5 y 6 del informe legislativo, que fueron aprobados por unanimidad y que establecen la existencia de indicios de delitos graves. Marín reconoció que el informe fue firmado por todos los miembros de la comisión, incluido el diputado Alarcón, pero minimizó su contenido al señalar que “la recomendación es remitir los antecedentes a la Contraloría, no al Ministerio Público”, pese a que el documento fue enviado a ambas instancias.
Antecedentes y contexto
Botrading S.A., constituida en Paraguay, opera como intermediaria en la importación de combustibles a Bolivia. La empresa fue objeto de denuncias por presuntos sobreprecios, tratos privilegiados y pagos irregulares. La Comisión Especial, presidida por el diputado José Luis Flores Colquillo (MAS-IPSP), trabajó durante 60 días y entrevistó a funcionarios de YPFB, del Ministerio de Hidrocarburos y de la propia Botrading.
El 3 de septiembre, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, declaró ante la Fiscalía como testigo. El fiscal Omar Yujra confirmó que más de seis personas están siendo investigadas, entre ellas el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y directores de YPFB Logística y YPFB Refinación.
En el marco de las investigaciones por el caso Botrading, la Fiscalía ha citado a declarar a Félix Abraham Cruz Taca, exgerente general de YPFB Logística, quien actualmente cumple detención domiciliaria por otro proceso judicial, cuando fue arrestado supuestamente comandando una maniobra de mezcla de diésel con alcohol en la planta de Senkata, El Alto. El fiscal José Omar Yujra solicitó al juez autorización para que Cruz Taca pueda abandonar temporalmente su domicilio y prestar declaración informativa. Su nombre no es nuevo en el entorno de YPFB: anteriormente se desempeñó como gerente de comercialización en YPFB Corporación, donde fue objeto de denuncias por parte de trabajadores y dirigentes sindicales, quienes lo acusaron de despidos arbitrarios, presiones internas y mala gestión en operaciones de importación.
Su cercanía con el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, ha sido reiteradamente señalada por fuentes internas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en decisiones estratégicas dentro de la estatal petrolera. Estos antecedentes refuerzan las sospechas sobre su posible implicación en las irregularidades detectadas por la Comisión de la Asamblea Legislativa en el esquema de importación de combustibles.
Críticas al manejo institucional
La postura de YPFB ha sido cuestionada por legisladores y analistas, quienes señalan que la empresa intenta desviar la atención del fondo del problema. “No se trata de si el informe fue remitido a la Contraloría o a la Fiscalía. Se trata de que hay indicios claros de corrupción y daño económico al Estado”, sostuvo Alarcón en declaraciones recientes.
Además, se ha criticado que YPFB insista en que no hay daño económico, cuando el informe legislativo recomienda auditorías especiales en los ámbitos financiero, técnico, contable y jurídico, tanto a YPFB Corporación como a Botrading.
La Contraloría General del Estado deberá determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales conforme a la Ley 1178. En paralelo, el Ministerio Público ya ha iniciado investigaciones penales, y se espera que en las próximas semanas se emitan citaciones formales a los implicados.
