En un nuevo giro del escándalo que ha sacudido el sector energético y político boliviano, el caso Botrading vuelve a cobrar fuerza mediática con medidas contundentes del Ministerio Público, denuncias de violaciones al debido proceso y un escenario judicial que promete tensarse en los próximos días.
En fechas recientes, la Fiscalía de La Paz dispuso la activación de alertas migratorias y el congelamiento de cuentas bancarias de al menos 10 personas bajo investigación en el caso, como Armin Dorgathen, presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Félix Abraham Cruz quien fue (ex) gerente de YPFB Logística o Joel Callaú director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y otros. Además, se ordenaron anotaciones preventivas sobre bienes de los investigados, como parte de un paquete de medidas precautorias adoptadas en esta etapa de la pesquisa.
El fiscal anticorrupción Omar Yujra confirmó que los nombres de los afectados no se han revelado “por estrategia de investigación”, aunque algunos son conocidos por ser autoridades. Aun así, se anticipa que en los próximos días podrían citarse a más implicados.
Sin embargo, la defensa de Ludwing Sánchez ha denunciado que se le ha restringido el acceso al sistema del proceso, lo que según los abogados vulnera garantías de transparencia.
El ministro Alejandro Gallardo declaró recientemente ante la Fiscalía en calidad de testigo en el marco del caso Botrading. Según el propio ministro, su despacho colabora “con todas las acciones que requiere la Fiscalía” y aseguró que se están realizando auditorías internas y externas en el sector para acompañar la investigación. También señaló que cualquier hallazgo que emerja será puesto a disposición del Ministerio Público. Al mismo tiempo, Gallardo evitó profundizar sobre los nombres o cargos implicados en las alertas migratorias, apelando a la reserva del proceso.
El director de la ANH, Joel Callaú, se presentó voluntariamente en la Fiscalía de La Paz para rendir declaración informativa relacionada al caso Botrading. Antes de ingresar, Callaú dijo: “Hemos venido a presentar nuestra declaración voluntaria por este caso … en mi caso particular colaborando plenamente para que se proceda con la investigación”.
Como parte de la expansión de la investigación, fiscalía y fuerzas policiales han ejecutado allanamientos en oficinas YPFB Refinación y por otro lado de YPFB Logística. Los operativos tuvieron como objetivo recabar documentación, precintar archivos y extraer información relevante para sustentar indicios de irregularidades contractuales. En la refinería de Palmasola, fiscales y agentes especializados ingresaron para asegurar contratos, libros y datos electrónicos vinculados a Botrading.
Fuentes cercanas informaron que parte de la documentación recabada será trasladada a La Paz para su análisis por especialistas en la Fiscalía. Hasta ahora, tanto YPFB Refinación como la casa matriz no han emitido un pronunciamiento oficial. Al contrario Dorgathen se presentó a declarar en la Fiscalía de La Paz, pero a la salida de la misma salió en carrera para evitar declaraciones a la prensa.
Ha generado controversia que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, haya declarado ante la Fiscalía, pero no haya sido aprehendido, lo que algunos sectores interpretan como un trato privilegiado. La defensa del denunciante cuestionó que, habiendo avalado contratos con la subsidiaria Botrading, Dorgathen no enfrente una aprehensión mientras otros implicados sí están sujetos a detención preventiva.
El caso Botrading se remonta a denuncias presentadas por el dirigente petrolero Ludwig Sánchez, que apuntaron a que YPFB importaba combustible mediante una subsidiaria llamada Botrading (con sede en Paraguay), bajo contratos con posibles sobreprecios y con falta de transparencia en licitaciones. Una comisión especial de la Cámara de Diputados investigó estas denuncias y produjo un informe que fue remitido a la Contraloría, al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía, donde se sugirieron responsabilidades.
