La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) dijo este sábado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró “al fin” las “ilegalidades” cometidas para determinar su condena, después de que esa instancia admitiera en la víspera revisar la sentencia de diez años en su contra.
“Las ilegalidades cometidas por los tribunales que me condenaron por asumir la Presidencia de Bolivia con responsabilidad histórica han sido ¡al fin! consideradas por el Tribunal Supremo de Justicia. Me juzgaron sin contemplaciones, sin garantías ni debido proceso”, publicó Áñez en sus redes sociales.
La resolución emitida por el TSJ no anula la sentencia, pero sí abre la posibilidad de reexaminar y analizar el caso a profundidad para determinar si hubo errores.
Áñez señaló que es “una presa política desde hace 1.165 días” y que está privada de libertad siendo inocente, mientras “los verdaderos responsables de los hechos punibles están libres e impunes”.
“Yo no busqué la Presidencia de Bolivia de la que huyó Evo Morales (2006-2019) y su entorno. Ellos abandonaron el país y dejaron el vacío de Estado”, precisó la expresidenta refiriéndose a la crisis política y social de 2019 que vivió Bolivia.
Aclaró además que la Constitución Política del Estado (CPE), el reglamento de la Cámara de Senadores y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “establecieron la sucesión constitucional democrática para evitar que las decisiones de los culpables de la violencia institucional y material en el país se consuman en un autogolpe” del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Áñez cumple diez años de prisión por el caso llamado ‘golpe de Estado II’, sentenciada por la Justicia boliviana en junio de 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado.
Dicha sentencia fue ratificada por la Justicia a finales de 2023.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia en 2019 tras la renuncia del entonces mandatario Morales, que denunció un “golpe de Estado” en su contra luego de las protestas sociales que lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019.
Según el TSJ, el argumento que permite la admisión del recurso se basa en que Añez fue condenada bajo la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, cuando ya estaba vigente otra ley, la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción.
La defensa de la expresidenta señaló que la Ley 1390 podría haberle resultado más favorable y el TSJ consideró que el argumento tiene mérito suficiente para admitir la revisión de dicha sentencia.
En agosto dos diferentes tribunales departamentales anularon dos juicios ordinarios contra Áñez por la muerte de varios civiles cuando esta era presidenta en los casos conocidos como ‘Senkata’ y ‘Sacaba’. Estos procesos fueron trasladados a un juicio de responsabilidades.
Un juicio de responsabilidades debe conocerlo el Legislativo de Bolivia, ente que primero debe aprobarlo y luego trasladarlo al TSJ para que este juzgue el caso para emitir una sentencia.
La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos ejecutivos del Estado como presidentes, vicepresidentes, magistrados de los altos tribunales.
