Bolivia ha elegido un nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz Pereira, en medio de una de las coyunturas más complejas de su historia reciente. La crisis económica, la fragmentación institucional y la pérdida de credibilidad del sistema político, han dejado al país sin los canales tradicionales de articulación entre el Estado y la sociedad.
El problema de fondo, es que los partidos que conforman el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en general todo el sistema de partidos en Bolivia, carecen de estructuras, cuadros territoriales y cohesión programática. Son formaciones débiles, con presencia limitada y escaso arraigo en los sectores sociales y productivos. El triunfo electoral de Rodrigo, es el reflejo del hartazgo ciudadano y no de una maquinaria política consolidada. Y eso, en cualquier democracia, se traduce en una vulnerabilidad seria, pues sin una base política estable, ningún gobierno logra sostenerse frente a la presión de los intereses corporativos, ni garantizar la ejecución de sus políticas, menos si estas son de ajuste y por ende con impacto económico y social sobre importantes sectores.
A esto, se suma la volatilidad de las alianzas con organizaciones sociales, muchas de las cuales se han habituado a un modelo de relación clientelar con el Estado. En un contexto de crisis económica y moral, donde la precariedad material se mezcla con el desencanto político, estas alianzas tienden a durar lo que dura la prebenda. Cuando el Estado deja de repartir recursos, los apoyos se evaporan y los conflictos resurgen. Esa es la trampa de la gobernabilidad rentista que ha debilitado la institucionalidad durante los gobiernos del MAS.
Por eso, el nuevo gobierno debe entender que la verdadera tarea no será solamente estabilizar la economía o gestionar el Estado, sino construir un nuevo sujeto político de gobernabilidad. Es decir, un frente amplio, plural y programático que agrupe a los sectores democráticos, cívicos, regionales y sociales, en torno a una agenda nacional común. No se trata de crear un partido único, sino de articular un espacio de coordinación política capaz de darle sustento territorial, parlamentario y social al nuevo ciclo.
Este frente debería nacer con tres pilares:
Primero, la ética pública como principio, es decir, un compromiso explícito con la transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas. Sin un cambio de conducta en la forma de ejercer el poder, cualquier esfuerzo de articulación será percibido como más de lo mismo.
Segundo, una visión programática clara, pues no se trata de unir por miedo al adversario, sino por esperanza en un proyecto de país. Un frente político moderno debe ofrecer un horizonte compartido: crecimiento con empleo, justicia independiente, educación de calidad y Estado eficiente.
Tercero, un método de relación democrática con las organizaciones sociales. Ya no es sostenible que el diálogo con el pueblo sea intermediado solo por dirigentes rentistas. Es necesario institucionalizar la participación, construir espacios de deliberación legítimos y transparentes, y desterrar el chantaje como forma de negociación.
La gobernabilidad en Bolivia no se conseguirá mediante pactos coyunturales, sino a través de un nuevo contrato político entre ciudadanía y Estado. Para eso, el liderazgo presidencial deberá combinar firmeza con apertura, autoridad con empatía. Rodrigo Paz tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica, de ser el arquitecto de una nueva etapa política en el país, una etapa en la que la democracia vuelva a organizar la vida nacional, en la que la política recupere su sentido de servicio y en la que la institucionalidad sea más fuerte que los intereses individuales o corporativos.
