La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela registró 130 casos de “violaciones a la libertad de expresión” en el país entre enero y octubre de 2025, lo que, a su juicio, refleja el “deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa”.
A través de una nota de prensa, difundida este domingo, Ipys detalló que las “agresiones más comunes” fueron el “hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las restricciones en internet (33) y las limitaciones de acceso a la información pública (15)”.
“Detrás de cada número hay un intento de silenciar una verdad incómoda y de desalentar la vigilancia ciudadana sobre el poder”, afirmó la ONG.
Además, Ipys aseguró que la “falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio”.
“Este escenario contribuye a un clima de miedo e indefensión que vulnera no solo a los periodistas, sino también el derecho colectivo de los ciudadanos a estar informados”, agregó la nota.
Ipys contabiliza dieciocho periodistas y trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela, aunque otras organizaciones amplían esta cifra a veintidós. En nueve de estos dieciocho casos, según la ONG, “no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra”.
“Estas detenciones prolongadas, sin información ni garantías procesales, configuran un patrón de desapariciones forzadas y encarcelamientos de carácter político que busca disciplinar y castigar el ejercicio informativo”, alertó el comunicado.
Para Ipys, en Venezuela “informar sigue siendo una labor castigada” y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como “crímenes contra periodistas”, así como “sancionar a los responsables” y “garantizar” que “estas violaciones” no se repitan.
En 2024, la ONG documentó 383 casos en los que consideró hubo “violaciones” a las garantías informativas en Venezuela, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 denuncias.
