El presidente Luis Arce promulgó este miércoles la Ley de Diferimiento de Créditos, que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional la semana pasada y publicada en la Gaceta Oficial del Estado. La nueva norma establece un diferimiento temporal de los pagos de créditos de vivienda de interés social y de microempresarios.
Según el contenido de la ley, los beneficiarios de estos créditos podrán suspender el pago de las cuotas —incluyendo capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos— durante un periodo de seis meses. La normativa también suspende la ejecución de sentencias judiciales de embargo, remate y desapoderamiento relacionadas con estos créditos, durante el mismo plazo.
La ley establece que el diferimiento no implicará el incremento de las tasas de interés ni la aplicación de penalizaciones por mora. Además, se señala que el Gobierno deberá elaborar el reglamento correspondiente mediante un Decreto Supremo, con un plazo de hasta diez días hábiles a partir de su publicación.
La promulgación de la ley ha generado diversas reacciones. Desde el sector bancario, se ha expresado preocupación por el impacto que esta medida pueda tener en la liquidez del sistema financiero, lo que podría afectar su capacidad para otorgar nuevos créditos. Por su parte, sectores de la oposición también han manifestado su desacuerdo, señalando posibles riesgos económicos derivados de la norma.
En la sesión de la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado, David Choquehuanca, sancionó la ley y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. La ley fue aprobada a pesar de las enmiendas introducidas por el Senado, que fueron rechazadas por la cámara de origen.
La implementación de esta ley se encuentra en espera del reglamento que debe ser elaborado por el Gobierno en los próximos días.
