El exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, continúa detenido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se coordina su traslado al penal de San Pedro para cumplir seis meses de detención preventiva, dentro del caso conocido como “Coimas”.
Huarachi fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, tras investigaciones que apuntan a supuestos pagos irregulares vinculados a su gestión en la COB y a instituciones estatales como la Caja Nacional de Salud. La imputación fue presentada por el fiscal Aldo Meza ante el Juzgado 8° de Instrucción Cautelar de La Paz.
El abogado denunciante, Abel Loma, aseguró que él y su familia han recibido amenazas desde la audiencia cautelar. Mensajes de muerte y detonaciones de petardos cerca de su oficina fueron reportados, por lo que pidió garantías de seguridad al Gobierno y llamó a los sectores sindicales a actuar con “cordura” y evitar hostigamientos.
Loma también adelantó que las investigaciones preliminares han arrojado indicios que podrían implicar a otros dirigentes sindicales y funcionarios de instituciones públicas. Según él, este caso marca un precedente sobre la responsabilidad de los líderes sindicales en la administración estatal.
Por su parte, el abogado defensor de Huarachi, Andrés Zúñiga, aseguró que su cliente actuó dentro de la legalidad y negó irregularidades en los ingresos que percibe, incluida una renta vitalicia que recibe por supuestos problemas de salud derivados de su actividad laboral como minero.
Analistas políticos señalan que el caso refleja un golpe simbólico a la impunidad en el país. “Huarachi disfrutó de privilegios durante años y ahora deberá responder por posibles irregularidades. Sin embargo, esto también debe abrir la puerta a investigaciones más amplias sobre otros líderes sindicales vinculados a la política”, indicó Iván Rada.
El traslado de Huarachi a la cárcel de San Pedro se espera en el transcurso de este miércoles, mientras el Ministerio Público continúa recopilando evidencia y definiendo la participación de otros posibles implicados en el esquema de presuntas coimas.
