El coronel Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante el gobierno de Evo Morales, afirmó desde Estados Unidos que fiscales y agentes vinculados a la DEA presuntamente le ofrecieron beneficios judiciales si aceptaba involucrar al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a otras exautoridades en casos de narcotráfico. Dávila, extraditado en 2022, asegura que rechazó la propuesta porque, según él, “jamás tuvo información que los relacionara con actividades de tráfico de drogas”.
El exjefe policial, actualmente condenado en una corte estadounidense, sostuvo en una entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas que esta supuesta presión formaba parte de un “montaje” construido por su defensa pública designada por el Estado norteamericano. Asegura que esos abogados habrían filtrado información a los fiscales y agentes antidroga, con el objetivo —según su versión— de forzarlo a aceptar un acuerdo que lo comprometiera a declarar contra exautoridades bolivianas.
Dávila afirmó que uno de los ofrecimientos era enviarlo a un régimen de protección de testigos y acelerar su liberación si cooperaba. “Me decían que debía aceptar una narrativa, pero yo no puedo incriminar a personas que jamás vi vinculadas al narcotráfico”, expresó durante la comunicación telefónica.
Cuestiona su extradición y afirma que no cometió delitos contra EE.UU.
El exdirector de la FELCN insistió en que su extradición fue “irregular”, ya que —según dijo— la orden judicial boliviana establecía que no podía ser entregado si existía un proceso político en su contra. Aseguró que nunca cometió un delito en territorio estadounidense y reiteró que solo cumplía funciones policiales en Bolivia.
Dávila también aseguró que fue “engañado” por sus abogados de oficio, quienes —afirma— lo condujeron a aceptar acuerdos que luego fueron usados para declararlo culpable. Denunció que, pese a la sentencia, aún no le han entregado la totalidad del expediente para preparar su apelación.
Acusa a la DEA de operar ilegalmente en Bolivia
Otro punto central de sus declaraciones es la acusación de que la DEA habría actuado en Bolivia sin jurisdicción ni competencia, incluso después de su expulsión en 2008. Dávila sostuvo que agentes estadounidenses y operadores bolivianos de la agencia habrían realizado actividades encubiertas y contactos directos con policías del país entre 2020 y 2021.
Aseguró que cuenta con documentos y una tesis en la que sustenta esa afirmación, y anunció que pedirá al Gobierno boliviano que revise su caso por una supuesta vulneración de la soberanía nacional.
Pide la intervención del Estado boliviano
Dávila solicitó que una comisión de la Asamblea Legislativa o abogados de la Embajada de Bolivia en Washington revisen su situación y verifiquen —según él— las irregularidades procesales en su caso. “Si demuestran que cometí un solo delito contra Estados Unidos, que me den la pena máxima. Pero mientras eso no ocurra, yo pido justicia”, declaró.
También denunció que fue objeto de presiones psicológicas y que permanece detenido desde hace más de dos años en condiciones que calificó de injustas.
Dice que su libertad no será a cambio de “involucrar a inocentes”
El exjefe antidrogas, de 71 años, afirmó que se mantendrá en su posición pese a las consecuencias: “No puedo involucrar a personas sin pruebas. No puedo mentir para obtener beneficios”.
Sostiene que su caso constituye un precedente que podría afectar a otras autoridades bolivianas y pidió “dignidad nacional” para investigar qué papel jugaron funcionarios estadounidenses y operadores locales en las acusaciones en su contra.
