El diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, cuestionó el trabajo del Ministerio Público y de las instituciones encargadas del control migratorio, tras confirmarse que el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, salió del país y actualmente se encuentra en Brasil. Según el legislador, la fuga fue consecuencia directa de la falta de medidas cautelares que debieron aplicarse cuando Dorgathen declaró ante los fiscales del caso Botrading el pasado 23 de septiembre.
Alarcón aseguró que, días antes de esa declaración, envió una nota formal al fiscal departamental solicitando que se dispongan medidas cautelares personales y reales, como arraigo, anotación preventiva de bienes y alerta migratoria, para garantizar que Dorgathen permanezca en territorio nacional. Sin embargo, denunció que los fiscales no aplicaron ninguna de estas medidas, pese a que sí ordenaron la detención preventiva de otro involucrado, el exgerente de logística Félix Cruz.
“Si aquel día los fiscales hubieran dispuesto la detención preventiva de Dorgathen, hoy estaría en San Pedro y no vacacionando en Brasil”, afirmó el legislador.
Al margen de las responsabilidades fiscales, Alarcón señaló también una “negligencia grave” de la Contraloría interina y de la Dirección de Migración, al no activar el control previsto en la Ley 1352. Recordó que esta normativa obliga a registrar a todos los funcionarios con prohibición de salida del país, entre ellos a los presidentes de empresas estatales, para generar de inmediato alertas migratorias personalizadas, lo que no ocurrió con Dorgathen.
Ante este escenario, el diputado informó que remitió una carta al canciller de Bolivia solicitando que gestione, de manera urgente, ante su par de Brasil la expulsión del exejecutivo, debido a que habría ingresado al país vecino vulnerando su arraigo. Considera que este argumento jurídico podría facilitar un procedimiento rápido de devolución.
Alarcón destacó que, a diferencia de otros implicados que huyeron del país, algunas exautoridades vinculadas a otros casos de corrupción, como Lidia Patty, sí se han puesto a disposición de la justicia. Por ello insistió en que el Estado boliviano debe actuar con la misma firmeza en el caso Dorgathen.
El legislador concluyó pidiendo que se activen todos los mecanismos diplomáticos y judiciales necesarios para que el ex dirigente de YPFB sea entregado a la Policía boliviana en frontera y responda por los procesos que enfrenta en el país.
