El diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, y el abogado denunciante del caso Botrading, Kurmi Rocha, señalaron en declaraciones separadas que corresponde iniciar gestiones para solicitar la deportación de Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, después de que el Gobierno informó que se encuentra en Brasil.
Rocha explicó que, según su revisión de los antecedentes, en el caso Botrading no se activó una alerta migratoria, a diferencia del proceso abierto en Yacuiba por presunto contrabando de GLP, cuya alerta —indicó— fue levantada por decisión judicial. Afirmó que en el caso Botrading el fiscal Omar Yujra tenía competencia para solicitar la medida y no lo hizo. Añadió que, al estar YPFB, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado identificadas como víctimas en este proceso, estas instituciones pueden requerir que el Ministerio Público emita la orden de aprehensión y active los mecanismos de cooperación internacional. Según dijo, de confirmarse un ingreso irregular a Brasil, podría solicitarse su deportación.
Alarcón, por su parte, sostuvo que el Ministerio Público debió definir la situación jurídica de Dorgathen cuando declaró el 23 de septiembre en La Paz. Recordó que días antes envió una nota al fiscal departamental pidiendo arraigo, alerta migratoria y otras medidas cautelares para los involucrados en el caso. Indicó que no se tomó ninguna decisión respecto al exejecutivo de YPFB tras su declaración.
El diputado informó que envió una carta al canciller solicitando que el Gobierno gestione la expulsión o deportación de Dorgathen desde Brasil. Argumentó que el exfuncionario tiene dos procesos abiertos y que debía cumplir la Ley 1352, que establece restricciones de salida del país para autoridades que dejan el cargo durante un periodo de tres meses.
Alarcón también mencionó que la Contraloría y la Dirección General de Migración debían emitir reportes y activar alertas migratorias el 8 de noviembre, fecha de transición gubernamental, y que este procedimiento no se ejecutó según lo previsto en la norma.
Tanto Rocha como Alarcón señalaron que la deportación sería el mecanismo más adecuado para el retorno del exejecutivo, una vez que el Ministerio Público emita las medidas correspondientes.
