Así como Bolivia es rica, diversa, vasta en recursos naturales, en materias primas, en praderas, ríos, lagunas, cerros, áreas protegidas, fauna, además de hermosa; así es en materia de derechos humanos, es uno de los países con más legislación interna e internacional que refrendan, garantizan y le dan al ciudadano la potestad y el goce para ejercer cada uno de sus derechos.
Desde la Constitución Política del Estado que tiene un mandato claro en más de setenta artículos de derechos humanos, pasando por la serie de leyes a favor de las poblaciones vulnerables hasta llegar a los tratados internacionales, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos que el Estado boliviano suscribió y se compromete a respetarlos y hacer cumplir.
Además hay que agregar a ese paraguas de protección de los derechos humanos, el mandato claro y contundente que tienen un montón de instituciones del Estado, de los municipios, gobernaciones, las universidades, el sistema escolar, los medios de comunicación, las juntas vecinales, las organizaciones no gubernamentales, siendo estas últimas que discursean fuerte en cada 10 de diciembre, tratando de convertirse en los referentes de la lucha por los derechos humanos.
Y cuando en Bolivia hay un nuevo gobierno también se abren nuevas rutas o por lo menos creer en ello en la perspectiva de construir y llevar adelante una cultura de respeto y garantías de los derechos humanos, porque ya casi todo está escrito: la Defensoría del Pueblo hace sus informes y eleva sus recomendaciones al Estado, por ejemplo en el problema penitenciario, que ya ha colapsado y se necesitan urgentes reformas; el CEDLA, CEJIS, CEDIB vienen elaborando informes permanentes sobre la explotación minera y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, del trabajo de los defensores ambientales; organizaciones académicas han dado el alerta de la crítica situación del sistema judicial, situación que no puede continuar en el limbo, porque así como dice el escritor nicaraguense, Sergio Ramírez: “Un país sin justicia es como un árbol derribado a hachazos” o en el eterno hecho de la corrupción y la impunidad, que es uno de los factores que golpea con más fuerza al ejercicio de los derechos humanos, aunque ahora el gobierno está mostrando algunas señales, pero los peces gordos o los grandes corruptos, los que fueron señalados durante todo este tiempo, siendo hombres del poder, aún no les ha llegado ni siquiera una citación judicial. John Reed, el periodista norteamericano que escribió “Los diez días que estremecieron al mundo”, decía que la sangre de la patria engorda a unos cuantos, mientras la gran mayoría sigue pasando hambre y pobreza. Algo así ocurrió en estos últimos años. Hicieron sangrar a la patria para sus propios beneficios.
En ese marco institucional, legal, constitucional y del gobierno de Paz que emergió de las urnas, precisamente ahora se trata una real y enorme visión en este camino ya trazado, que pasa por diferentes instancias, no solo del poder como tal, sino que el ámbito de los derechos humanos en su defensa, promoción, lucha, exigibilidad abarca diferentes dimensiones del quehacer y el pensar humano: el arte, la literatura, las ciencias, la política, el cine, las calles, las familias, las religiones, el deporte, la escuela, la universidad, es decir que compite y pone en movimiento a toda la sociedad civil, de lo contrario, no podríamos ejercer nuestras libertades y sueños.
El camino es largo y lleno de obstáculos, que demanda del concurso de todos, sin esperar echados en la hamacas que los niveles de gobierno del Estado, te lleven en bandeja tu derecho a la salud, al trabajo, al medioambiente, a la justicia, a las libertades, a los servicios básicos, a la educación, al deporte. Tienes que exigirlos y arrebatárselos al municipio, a la gobernación, al sistema judicial, a la policía, a la escuela, al Legislativo, a las empresas privadas.
Precisamente, si entendemos así el ejercicio de los derechos humanos, también se supone que un juez es para defender y hacer justicia entendido como rectitud; se supone que un policía es defensor del orden, de la paz y del ciudadano; se supone que un político es defensor de los bienes del Estado y no se enriquece a costa del Estado; se supone que un dirigente sindical es defensor de los derechos laborales y no usa la organización para sus intereses; se supone que un ministro está para defender y usar bien los recursos del Estado y no desviarlos; se supone que los alcaldes son defensores de la ciudad y de sus habitantes.
Es esa la verdadera dimensión ética que debemos entender en esta ruta de los derechos humanos, que este 10 de diciembre, el mundo celebrará los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Mi estimado lector, te dejo con una reflexión de Stéphane Hessel, uno de los redactores de la Declaración Universal de DDHH: “Es un mensaje de esperanza en la capacidad que tienen las sociedades modernas para sobrepasar los conflictos por medio de una comprensión mutua y de una paciencia vigilante. Para llegar a ello, es necesario basarse en los derechos, cuya violación, sea quien sea el autor, debe provocar nuestra indignación. No debemos consentir la transgresión de estos derechos”.
Debemos ser parte de la solución de los problemas, ejerciendo nuestros derechos y deberes, consagrados por la Constitución Política y las leyes nacionales, departamentales y municipales.
