En una extensa entrevista con Asuntos Centrales, el canciller Fernando Aramayo explicó este jueves que el Decreto Supremo 5503, recientemente promulgado por el gobierno, busca poner a las personas al centro de la política económica, combatir el contrabando y reactivar la inversión nacional y extranjera, mientras se enfrenta la inflación y se asegura el abastecimiento de combustibles.
El canciller reconoció que el aumento inmediato en el precio de los pasajes ha generado preocupación, pero sostuvo que los ministerios responsables ya están convocando mesas de diálogo para explicar de manera técnica el alcance del decreto y consolidar acuerdos con los diferentes sectores. “Muchos han olvidado que hemos vivido una mentira de 20 años, pagando las consecuencias de un manejo irresponsable del combustible, de los alimentos, de los salarios”, señaló Aramayo.
Medidas sociales y económicas
El decreto, que cuenta con más de 120 artículos, incluye medidas sociales como un incremento del 20% en el salario mínimo nacional y del bono Juancito Pinto, dirigidas a los hogares más vulnerables. “Aquí hemos puesto primero a las personas al centro. No es un decreto frío macroeconómico”, afirmó el canciller.
En cuanto al combate del contrabando, Aramayo recordó que cerca de 2.000 millones de dólares salían del país de manera irregular, beneficiando a clanes familiares y funcionarios públicos. La nivelación de precios de la gasolina y del diésel busca desincentivar estas prácticas y garantizar el abastecimiento, especialmente a quienes dependen del transporte público.
Reactivación económica e inversión
El canciller subrayó que el decreto también abre la puerta a inversiones nacionales y extranjeras, luego de años de ausencia de proyectos mineros y de un clima de inseguridad jurídica. “No habrá prosperidad si no generamos riqueza. Hemos venido no solo a estabilizar, sino a generar prosperidad”, afirmó.
Se prevé que el 50% de los ingresos generados por los nuevos precios de los combustibles se transfiera a los municipios, lo que permitirá financiar obras públicas y controlar precios a nivel local. “Ahora los alcaldes tienen que asumir sus competencias y usar bien esos recursos en beneficio de la gente”, explicó Aramayo.
Llamado a la ciudadanía y al diálogo
El canciller insistió en la importancia de un diálogo responsable y basado en principios, y advirtió que los bloqueos y movilizaciones que afecten la economía ralentizan los efectos positivos de las medidas. “No es un tema del gobierno; el transportista que bloquea está afectando a la población”, subrayó.
Sobre las críticas internas, incluyendo las del vicepresidente, Aramayo indicó que cada autoridad debe asumir la responsabilidad de sus posiciones, y reiteró que el gobierno busca acuerdos que beneficien al país y no intereses de grupo.
Transparencia y control del Estado
Aramayo destacó que se implementarán auditorías rápidas a empresas públicas deficitarias, congelamiento de la masa salarial del sector público y medidas para eliminar la corrupción. Además, adelantó que ya se están evaluando mecanismos para perdonar tributos hasta octubre de 2025, liberar el diésel de la lista de sustancias controladas y fomentar la eficiencia en la administración pública.
Finalmente, el canciller pidió a la ciudadanía leer el decreto con detenimiento y actuar con responsabilidad, enfatizando que las medidas buscan devolver dignidad y oportunidades a quienes más lo necesitan: trabajadores informales, adultos mayores, niños y niñas. “Es un tiempo para ponerle el hombro al país y construir patria. Esa es la causa común que nos debe unir a todos los bolivianos”, concluyó.
