Pueblos indígenas del suroeste de Bolivia, donde está el mayor yacimiento de litio del país, piden al Gobierno de Rodrigo Paz que los proyectos de explotación de ese recurso incluyan estudios ambientales y la consulta previa a esas comunidades, que buscan así ser reconocidas y que estas iniciativas no tengan impactos negativos en el lugar.
El pedido se refleja en un proyecto de ley que las autoridades de la provincia Nor Lípez, de la región andina de Potosí, elaboraron con miras a ser parte de los proyectos y conocer qué “les espera de aquí a diez años”, dijo a EFE el secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de esa zona, Iván Calcina.
“Los puntos más importantes para nosotros es la consulta previa libre e informada, y el estudio del impacto al medioambiente, porque entendemos que en las anteriores leyes no estipulaba o estaba en líneas generales”, precisó.
Según Calcina, son 14 comunidades que están en los alrededores del salar de Uyuni, que contiene las reservas de litio, y que en eventuales proyectos de explotación e industrialización del recurso serían las directamente afectadas por la escasez de agua y otros problemas ambientales debido a la ejecución de esos proyectos.
“Para las comunidades que viven alrededor del salar esa es su primera preocupación, quieren saber un estudio hidrológico porque va a ser importante, no solo para la región sino para todos los bolivianos”, dijo Calcina.
La principal inquietud de estas comunidades indígenas surge debido a contratos que firmó el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de China y Rusia para la industrialización del litio a través de la tecnología de extracción directa (EDL), proyectos que carecían de estudios de impacto ambiental.
Las inversiones con las firmas extranjeras hubieran alcanzado los 2.006 millones de dólares, pero quedaron en suspenso por fuertes observaciones a dos contratos.
Para la firma de esos documentos, tampoco hubo la consulta previa a los pueblos indígenas afectados por los proyectos, como lo establecen las normas bolivianas.
Expertos en energía coincidieron en que los proyectos de las empresas china y rusa “no tienen las bases sólidas sobre el impacto ambiental”, por lo que su puesta en marcha podía generar “grandes impactos para las comunidades”.
Proyectos estatales
Durante el Gobierno de Arce se calculó que las reservas de litio en los salares bolivianos alcanzan los 23 millones de toneladas, la mayoría en Uyuni, que tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados y es también uno de los principales atractivos turísticos de Bolivia.
En diciembre de 2023 se inauguró allí un complejo industrial estatal con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio que funciona con un sistema de piscinas de evaporación, pero solo alcanzó a operar con menos del 20 % de su capacidad y con defectos de diseño.
Ese complejo industrial, ubicado en el municipio de Colcha K, fue entregado por Arce, quien hizo los anuncios sobre su producción anual y que indicó que la inversión inicial para la planta fue de 669 millones de bolivianos (96 millones de dólares).
Si bien este proyecto fue iniciado por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Arce anunció en 2023 que comenzaba “la era del litio” con el inicio de la planta industrial, pero en los años siguientes no logró los objetivos esperados.
El presidente Rodrigo Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, denunció que en las gestiones de Morales y Arce “se robaron el litio” por la falta de resultados en la explotación e industrialización, y anunció que su Gobierno trabajará en el tema para dar soluciones reales.
Iván Calcina espera que el proyecto de ley que elaboraron con otras autoridades indígenas llegue a las autoridades para que tomen en cuenta sus solicitudes y se trabaje “para tomarnos en cuenta en decisiones y protegernos de impactos ambientales”.
Daniela Romero
