Sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon este viernes por quinto día consecutivo en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles, que estuvo vigente por más de 20 años.
La COB mantiene una huelga indefinida que por el momento solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, aunque esta entidad anunció “otras estrategias de protesta”.
“Nosotros tenemos que entender el contexto de este decreto, está hecho para las (empresas) transnacionales, empresarios, agroindustriales que se van a beneficiar pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón”, dijo a EFE el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo.
Lamentó que los afiliados a la COB estén movilizados “y lejos de la familia por una reivindicación justa, no es sectorial, no es político”.
“Como siempre las bases son pacíficas, vamos a hacer conocer nuestra protesta, tenemos que concientizar y llegar hasta el último rincón del país, hermanos bolivianos entiendan el contexto de este decreto”, señaló Argollo.
Añadió que cuando la población entienda los fines del decreto, “van a dar la razón” a la COB.
“Vamos a pensar en nuevas estrategias de lucha, no vamos a dejar este camino porque estamos seguros de que lo que estamos haciendo es reivindicativo y va en beneficio de las grandes mayorías del país”, añadió el minero.
La protesta de este viernes recorrió las calles céntricas de la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo, en un día en que se cumple un feriado nacional “para incentivar el turismo” a fin de año, según disposición del Gobierno de Rodrigo Paz.
La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.
Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la COB han sido rechazadas por la población en La Paz.
Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque el ente sindical condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo derogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.
El decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y aumentos del bono para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.
