El Gobierno identificó 15 empresas públicas en quiebra técnica en Bolivia, cuyas pérdidas acumuladas superan los 2.655 millones de bolivianos, según el diagnóstico presentado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).
El dato expone una de las radiografías más críticas del aparato estatal empresarial en los últimos años.
“Las pérdidas ya superan el capital con el que fueron creadas”, explicó el director de la OFEP, Pablo Camacho García, al detallar el alcance del informe.
Pero el problema no se limita a esas 15 compañías. De un total de 67 empresas públicas, la mayoría enfrenta dificultades financieras, deudas o problemas operativos.
Información que no se hacía pública
Camacho sostuvo que durante años los datos reales del desempeño de estas empresas no se transparentaban.
Según explicó, los resultados se presentaban de forma agregada, lo que permitía ocultar pérdidas.
Las utilidades de empresas grandes terminaban compensando los déficits de otras, dando una imagen distorsionada.
“La información se quedaba en los pasillos”, afirmó.
No se pueden cerrar de inmediato
Pese a la magnitud de las pérdidas, el cierre de estas empresas no será inmediato.
El funcionario explicó que primero se realizarán auditorías integrales —financieras y legales— antes de tomar decisiones.
El principal obstáculo es jurídico.
A diferencia del sector privado, donde una empresa puede liquidarse rápidamente, en el ámbito estatal intervienen leyes, decretos y contratos que hacen el proceso mucho más lento.
“Cerrar una empresa pública no es simple”, advirtió.
Errores de planificación y ejecución
El diagnóstico también revela fallas estructurales en varios proyectos estatales.
Uno de los casos más llamativos es el de las plantas de biodiésel, que avanzaron sin asegurar la materia prima necesaria.
No se sembraron cultivos clave, como macoró o palma africana, lo que implica que la producción podría tardar entre cuatro y siete años en ser viable.
En otro caso, una planta vinculada a hidrocarburos presenta deterioro severo.
Equipos oxidados, fallas de diseño y más de la mitad de la infraestructura inoperativa reflejan problemas desde su construcción.
También se mencionó una planta de papas fritas cuyo costo superó ampliamente estimaciones del sector privado, además de haberse construido en un terreno sin saneamiento legal.
Deudas y recursos comprometidos
El informe también advierte sobre el volumen de recursos públicos involucrados.
La inversión total en estas empresas alcanza los 73.000 millones de bolivianos, mientras que varias de ellas no han cumplido con el pago de sus deudas durante años.
Algunas incluso accedieron a créditos con condiciones altamente favorables, incluyendo tasas cercanas al 0%.
“Son recursos de los bolivianos”, enfatizó Camacho.
Un problema estructural
El diagnóstico divide a las empresas públicas en tres niveles:
- 15 en quiebra técnica
- Un grupo con dificultades para pagar deudas
- Empresas operativas, pero con bajo rendimiento
Esto muestra que el problema no es puntual, sino estructural.
Lo que viene
El Gobierno apunta ahora a una fase de auditorías para definir el futuro de estas compañías.
Las opciones incluyen reestructuración, cierre o procesos legales para recuperar recursos.
Sin embargo, cualquier decisión tomará tiempo.
El riesgo, según la autoridad, es que medidas apresuradas terminen generando litigios que podrían costar aún más al Estado.
