La Alcaldía de Santa Cruz atraviesa una crisis financiera y administrativa marcada por la falta de liquidez, la paralización de servicios básicos y cuestionamientos al manejo del presupuesto en la gestión saliente.
Según Carlos Schlink, parte del equipo de transición, la situación actual incluye salarios impagos a trabajadores municipales y personal de salud, suspensión del recojo de basura y hospitales sin insumos, lo que ha derivado en paros y protestas en distintos sectores.
A esto se suma el deterioro de la infraestructura urbana. Calles sin mantenimiento, canales colapsados por basura y problemas sanitarios se agravan en un contexto de enfermedades como dengue y chikunguña, elevando el riesgo para la población.
Uno de los aspectos más relevantes del diagnóstico es el cuestionamiento al presupuesto municipal. Schlink afirmó que la anterior gestión proyectó un excedente de 1.000 millones de bolivianos que no se concretó, lo que habría inflado el presupuesto total, estimado en alrededor de 4.700 millones de bolivianos.
Este desfase generó compromisos de gasto que actualmente no pueden ser cubiertos. Entre ellos, el pago de servicios, salarios y beneficios sociales como el bono escolar, para el cual —según la denuncia— no existirían recursos disponibles pese a haber sido anunciado.
El proceso de transición también ha estado marcado por dificultades en el acceso a información. De acuerdo con Schlink, las autoridades salientes no han entregado datos consistentes, limitándose a proporcionar documentación que no permite conocer con precisión la situación financiera del municipio.
En paralelo, se identificaron posibles irregularidades en la recaudación de ingresos. La proyección de 1.700 millones de bolivianos habría quedado reducida a aproximadamente 850 millones, lo que abre dudas sobre la administración de estos recursos.
Ante este escenario, la nueva gestión trabaja junto al Ministerio de Economía y otras instancias para acceder a bases de datos y verificar la información, con el objetivo de transparentar las cuentas municipales y recuperar recursos.
Como parte de estas acciones, se conformó una Comisión de la Verdad que investigará la gestión saliente y establecerá responsabilidades.
Las prioridades inmediatas serán el pago de sueldos atrasados y la reactivación de servicios esenciales. Sin embargo, no existe un plazo definido para la normalización, debido a la incertidumbre sobre los ingresos reales del municipio.
El panorama apunta a un proceso de ajuste que implicará la reestructuración del gasto público, la reducción de costos y la reorganización administrativa.
La crisis en la Alcaldía de Santa Cruz refleja no solo un problema financiero, sino también de gestión, que obligará a la nueva administración a enfrentar un escenario complejo en el corto plazo.
