Denuncian irregularidades en la Gobernación de Santa Cruz durante proceso de transición
La comisión de transición en la Gobernación de Santa Cruz identificó posibles irregularidades en el manejo de recursos del área de comunicación, incluyendo la eliminación de historiales digitales y contratos cuestionados que superan los 1,5 millones de bolivianos.
Así lo informó Juan de Dios Villarroel, miembro de la comisión, quien advirtió que la situación encontrada no difiere de otras denuncias realizadas en distintas instituciones públicas.
Eliminación de datos genera sospechas
Uno de los principales hallazgos es la eliminación del historial de navegación en dispositivos institucionales.
Según Villarroel, este hecho compromete la transparencia del proceso de transición.
“Se ha borrado el historial de navegación de casi la mitad de los teléfonos”, señaló, indicando que esto impide conocer las actividades realizadas durante la gestión anterior.
La comisión busca reconstruir esa información para entender el funcionamiento del área de comunicación en los últimos cinco años.
Falta de documentación y recursos
El diagnóstico preliminar también revela problemas estructurales.
De acuerdo con Villarroel, la Gobernación presenta:
- Falta de documentación
- Ausencia de registros claros
- Limitaciones en recursos
- Problemas operativos como fallas en el internet
Estos elementos dificultan el proceso de auditoría y revisión técnica.
Contratos con personas sin trayectoria periodística
Otro punto crítico está en la contratación de servicios de comunicación.
La comisión detectó acuerdos con personas que, según Villarroel, no tienen experiencia en el rubro.
“Son contratos directos a personas específicas que simplemente tienen una página de Facebook”, afirmó.
Además, sostuvo que estos perfiles no corresponden a medios de comunicación formales ni a periodistas, sino que podrían estar vinculados a intereses políticos.
Montos fragmentados y pagos recurrentes
El esquema de contratación también genera dudas por la forma en que se realizaron los pagos.
Villarroel explicó que los contratos se estructuraron en montos de entre 20.000 y 40.000 bolivianos por corte.
Aunque los pagos individuales no parecen elevados, la suma total alcanza cifras significativas.
“Este fin de semana hemos llegado a sumar más de 1,5 millones de bolivianos”, indicó.
La fragmentación de los montos podría haber sido utilizada para evitar controles más estrictos.
Posible malversación de recursos públicos
La comisión no descarta que exista un uso indebido de fondos públicos.
Según la denuncia, los recursos destinados a comunicación podrían haber sido utilizados para fines políticos, alejados de la gestión institucional.
“Estamos a puertas de quizás una malversación de fondos”, advirtió Villarroel.
Actualmente, se está recopilando información detallada para sustentar una denuncia formal.
Solicitan descargos y auditoría de contratos
Como parte del proceso, la comisión está solicitando explicaciones a los beneficiarios de los contratos.
El objetivo es verificar si los servicios prestados corresponden a campañas reales de comunicación institucional.
También se busca establecer:
- Si los contratos fueron ejecutados
- Qué tipo de contenido se generó
- Si hubo impacto en la difusión de la gestión pública
Próximos pasos: denuncia pública
La comisión anunció que en los próximos días presentará los resultados completos de la investigación.
Esto incluirá la identificación de los principales beneficiarios y el detalle de los contratos observados.
“Lo vamos a denunciar públicamente”, aseguró Villarroel.
El caso podría derivar en procesos administrativos o legales, dependiendo de las conclusiones.
Un patrón que se repite en instituciones públicas
El caso de la Gobernación de Santa Cruz se suma a otras denuncias recientes sobre el manejo de recursos en entidades públicas.
La falta de controles, la opacidad en contratos y el uso político de recursos son temas recurrentes en procesos de transición.
Este escenario refuerza la necesidad de mecanismos más rigurosos de fiscalización y transparencia.
