El gobierno se está jugando su futuro con una política de prudencia que, cada vez más, huele a inacción. En política, la pasividad ante un conflicto rara vez significa “neutralidad”; casi siempre es una decisión con costos muy altos. La prudencia, aunque es buena consejera en momentos específicos, se vuelve autodestructiva cuando se transforma en inmovilismo.
Si este fin de semana el gobierno nacional no restablece el libre tránsito mediante un despliegue pacífico, masivo y coordinado entre la Policía y las Fuerzas Armadas, estará poniendo en duda su propia capacidad para ejercer el poder.
¿Cuáles son las consecuencias de la inacción política?
1. Escalamiento del conflicto: Si no se interviene cuando el problema es manejable, este se radicaliza. Los actores moderados pierden peso y los extremos ganan el protagonismo. Lo que empieza como una protesta sectorial por una norma específica, termina en un paro nacional, bloqueos crónicos de carreteras o la toma de instituciones. El año 2000 es el ejemplo claro: el conflicto por el agua en Cochabamba escaló precisamente porque no se contuvo a tiempo.
2. Pérdida de autoridad y legitimidad: Un gobierno que no actúa proyecta debilidad. Esa flaqueza es aprovechada tanto por la oposición para golpear, como por los aliados para desmarcarse. Cuando la ciudadanía deja de ver al Estado como el garante del orden público, empieza a buscar protección en grupos informales, sindicatos o líderes locales. El resultado inevitable es la ingobernabilidad y el “vacío de poder”.
3. Costo económico directo: Los bloqueos, la incertidumbre y las protestas ahuyentan la inversión, elevan el riesgo país y paralizan sectores estratégicos como el transporte, el comercio, el agro y la minería. Bolivia ya perdió millones de dólares por día en 2000, 2003, 2008 y 2019 debido al corte de rutas. Al final, ese costo lo paga el ciudadano común a través de la inflación y el desabastecimiento.
4. Polarización irreversible: La inacción permite que el relato del conflicto lo definan las facciones más ruidosas y radicales. Se consolidan dos bandos irreconciliables que anulan cualquier posibilidad de diálogo. A mediano plazo, cualquier salida negociada es catalogada como una “traición” por las bases de alguna de las partes. Una vez que la sociedad se fractura, reconstruir la confianza social tarda años.
5. Pérdida de la iniciativa política: En el tablero político, si tú no marcas la agenda, te la marcan otros. El gobierno que no toma las riendas termina simplemente reaccionando a los tiempos y exigencias de los movilizados, lo que reduce drásticamente su margen de negociación. Al final, se acaban firmando acuerdos perjudiciales solo para apagar el incendio del momento.
6. Un precedente peligroso: Cada vez que el Estado cede por omisión, envía el mensaje de que la vía más efectiva para conseguir prebendas es la presión violenta o el bloqueo. Esto desincentiva las vías institucionales e incentiva a que otros sectores repliquen el mismo método en el futuro, convirtiendo la extorsión social en la norma.
7. Erosión del Estado de derecho y la democracia: Si las autoridades no hacen cumplir la ley ante los bloqueos o la toma de instituciones, demuestran que las reglas del juego no aplican para todos. Esto destruye la confianza en las elecciones, el parlamento y la justicia. La sociedad civil empieza a asumir una premisa peligrosa: “aquí solo gana el que grita y presiona más fuerte”.
8. Alto costo humano: Un conflicto no resuelto no desaparece; solo se congela hasta que explota con mayor virulencia. La historia demuestra que la cantidad de muertos y heridos suele ser mucho mayor cuando se deja “pudrir” un problema, que cuando se interviene tempranamente mediante la mediación, la firmeza legal o la disuasión.
LA PARADOJA DEL PODER
Intervenir tiene un costo político inmediato y visible. No intervenir tiene un costo político, económico y social mucho mayor, pero diferido en el tiempo. Por eso, en ciencia política se afirma que “la inacción es una forma de acción”: al optar por el inmovilismo, estás eligiendo dejar que sea el rival quien defina el resultado.
