Perú define su futuro en una segunda vuelta marcada por la polarización

Más de 27 millones de ciudadanos acuden este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en una de las elecciones más reñidas e inciertas de los últimos años.

Las encuestas previas mostraban un empate técnico entre ambos candidatos, reflejando la profunda división política que atraviesa el país.

La candidata de derecha Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, busca alcanzar la Presidencia en su cuarto intento. Su campaña se ha centrado en el combate a la delincuencia, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el impulso a la inversión privada como motor de crecimiento económico.

Frente a ella se encuentra Roberto Sánchez, exministro y dirigente de izquierda de Juntos por el Perú, quien ha construido su candidatura con propuestas orientadas a reducir las desigualdades sociales, reformar las instituciones del Estado y promover cambios estructurales, incluida una eventual reforma constitucional.

La elección se desarrolla en un contexto de fuerte desgaste de la clase política. Perú ha vivido años de inestabilidad institucional, con sucesivos cambios de gobierno, enfrentamientos entre poderes del Estado y un creciente malestar ciudadano. La inseguridad y el avance del crimen organizado figuran entre las principales preocupaciones de los votantes.

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar en esta segunda vuelta, considerada decisiva para el rumbo del país durante los próximos cinco años. Analistas advierten que el resultado dependerá en gran medida de los votantes indecisos, debido a la estrecha diferencia registrada en los sondeos previos.

Los primeros resultados oficiales comenzarán a conocerse tras el cierre de las mesas electorales, aunque el conteo definitivo podría tomar varios días si la diferencia entre ambos candidatos es mínima. Quien resulte vencedor asumirá la Presidencia para el período 2026-2031 y enfrentará el desafío de recuperar la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.