Gobierno mantiene el diálogo con la COB, pero descarta una amnistía general para detenidos
El Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) para buscar una salida al conflicto que mantiene bloqueadas varias rutas del país, aunque dejó claro que no...
El Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) para buscar una salida al conflicto que mantiene bloqueadas varias rutas del país, aunque dejó claro que no aceptará una amnistía general para las personas detenidas durante las movilizaciones. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que ese pedido llevó a declarar un cuarto intermedio en las conversaciones iniciadas esta semana.
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Según la autoridad, el acercamiento avanzó una vez que quedó fuera de la agenda la demanda de renuncia del presidente, una condición que calificó como incompatible con el marco democrático. Con ese obstáculo superado, las partes comenzaron a revisar otros puntos del pliego, aunque la solicitud de una amnistía general volvió a trabar el proceso.
Lupo señaló que una comisión jurídica integrada por representantes del Gobierno, la COB y la Fiscalía trabaja en la revisión de los casos para determinar qué alternativas son legalmente viables. “No se puede hacer una amnistía general”, sostuvo, al recordar que las responsabilidades deben analizarse de manera individual y dentro de las competencias establecidas por la normativa vigente.
Mientras se busca un punto de encuentro, el Gobierno sostiene que la situación económica y social generada por los bloqueos ya alcanzó niveles críticos. La autoridad afirmó que los efectos se extienden más allá de las regiones movilizadas y alcanzan a sectores productivos, transportistas, comerciantes y consumidores en distintos departamentos del país.
“Todos sabemos que este tema ha llegado a un límite absolutamente insostenible”, afirmó Lupo al referirse a las consecuencias acumuladas tras casi 50 días de interrupción en las carreteras.
El ministro señaló que la escasez de combustibles, las dificultades para transportar alimentos y medicamentos, las pérdidas en el sector productivo y las afectaciones al turismo forman parte de un escenario que, a juicio del Ejecutivo, requiere una solución inmediata. En ese contexto, aseguró que el diálogo sigue siendo la principal herramienta para resolver el conflicto, aunque advirtió que no puede prolongarse indefinidamente mientras continúan los perjuicios económicos.
Gobierno defiende la vía del diálogo
Consultado sobre los cuestionamientos de distintos sectores que exigen una intervención más contundente para desbloquear las carreteras, Lupo sostuvo que el Ejecutivo optó por agotar las instancias de negociación antes de recurrir a otras medidas.
La autoridad argumentó que durante gran parte del conflicto coexistieron demandas sectoriales legítimas con intereses políticos que, según dijo, buscaban generar desestabilización. También señaló que el Gobierno evitó responder a provocaciones que pudieran derivar en una escalada de violencia.
Recordó que los intentos de habilitar corredores humanitarios enfrentaron resistencia en algunos puntos de bloqueo, situación que obligó a actuar con cautela mientras se buscaban mecanismos legales y políticos para encauzar el conflicto.
Sin cambios en la política económica
En relación con las demandas planteadas por algunos sectores movilizados, Lupo afirmó que el Gobierno no modificará decisiones que considera parte de sus atribuciones constitucionales. Entre ellas mencionó la conducción de la política económica, las relaciones con organismos internacionales y la administración de empresas estratégicas del Estado.
En ese marco, descartó la posibilidad de suspender negociaciones con organismos multilaterales por razones políticas y defendió la búsqueda de financiamiento externo para sostener el programa económico del Ejecutivo.
“Bolivia necesita liquidez, Bolivia necesita inversiones”, afirmó.
La autoridad también rechazó versiones sobre eventuales privatizaciones y aseguró que la intención del Gobierno es fortalecer las empresas estatales mediante mayores estándares de transparencia, eficiencia e institucionalidad.
Evaluarán medidas de apoyo a sectores afectados
El impacto económico de los bloqueos también abrió el debate sobre posibles mecanismos de apoyo para los sectores perjudicados. Lupo indicó que el Gobierno analiza alternativas destinadas a facilitar la recuperación de productores, transportistas y emprendedores.
Explicó que ya se aprobó un decreto para la reprogramación y refinanciación de créditos y que se estudian otras medidas vinculadas a obligaciones tributarias y costos de servicios básicos.
“Estamos absolutamente conscientes del efecto devastador que ha tenido estos casi 50 días sobre el transporte, sobre las industrias, los emprendedores, el turismo y demás sectores productivos”, señaló.
Pese a las dificultades generadas por el conflicto y las presiones sobre las finanzas públicas, el ministro aseguró que el Estado cumplirá sus obligaciones relacionadas con salarios, deuda externa y compra de combustibles. “Son obligaciones que se tienen que atender de una u otra forma y así va a ser”, afirmó.
