La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) presentó una Queja por Incumplimiento ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, luego de cuestionar que el Auto Supremo N° 1190/2026, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 26 de junio de 2026, no habría cumplido las directrices establecidas previamente por la jurisdicción constitucional.
A través de un comunicado, la empresa sostuvo que la nueva resolución mantiene las vulneraciones constitucionales que ya habían sido observadas y que no habría corregido los aspectos vinculados al debido proceso y al derecho a la defensa, pese a la tutela concedida a favor de SOBOCE mediante la Resolución Constitucional N° 136/2025.
Uno de los principales cuestionamientos de la compañía está relacionado con el concepto de “proyecto de vida”. SOBOCE señaló que, aunque el propio TSJ reconoció que esta figura no resulta aplicable a personas jurídicas, el fallo mantuvo una indemnización de Bs 479,2 millones bajo una denominación que la empresa considera jurídicamente improcedente.
Asimismo, observó la ratificación de un monto resarcitorio global de Bs 744,3 millones, al señalar que la actualización del valor económico no tendría una fundamentación suficiente y que, según su posición, debió ser analizada en otra etapa del proceso.
La cementera también denunció supuestas irregularidades procesales durante la tramitación del caso, entre ellas la falta de resolución de un recurso presentado por SOBOCE, la decisión sobre una excepción de prescripción sin revisión previa en instancias inferiores y la incorporación de argumentos constitucionales que, según la empresa, no fueron parte del debate inicial.
Ante el impacto económico del fallo, SOBOCE solicitó la suspensión provisional de la ejecución del Auto Supremo N° 1190/2026, así como de cualquier medida de cobro o embargo, mientras se desarrollan las acciones constitucionales correspondientes.
La empresa argumentó que una ejecución inmediata de la resolución podría afectar su estabilidad financiera, operativa y patrimonial, además de generar riesgos para sus trabajadores, proveedores y contratistas vinculados a su actividad productiva.
En su comunicado, SOBOCE también sostuvo que el proceso iniciado por FANCESA por una supuesta competencia desleal tendría como objetivo evitar el pago de una indemnización pendiente por la expropiación de sus acciones, una obligación que, según la compañía, el Estado boliviano mantiene desde hace más de 16 años.
Finalmente, la cementera informó que respalda la revisión jurídica del caso por parte de instancias académicas y profesionales, y reiteró su pedido para que las decisiones de la jurisdicción constitucional sean cumplidas conforme a su alcance y contenido.
