La Fiscalía informó que la investigación por el caso de la denominada “narcomadera” continúa avanzando y reveló que ya cuenta con indicios sobre las posibles máquinas utilizadas para impregnar sustancias controladas en cargamentos de madera destinados a la exportación.
El fiscal Julio César Porras, integrante de la comisión que investiga el caso en Santa Cruz, explicó que las pesquisas aún buscan determinar el funcionamiento de estos equipos y establecer si guardan relación con los envíos observados por las autoridades chilenas.
No obstante, aclaró que la eventual identificación de una máquina no implica responsabilidad penal para su propietario, ya que primero deberán reunirse las pruebas técnicas que permitan establecer si fue utilizada en la presunta contaminación de la madera.
Como parte de la investigación, la comisión de fiscales realizó diez allanamientos en Santa Cruz y abrió siete investigaciones relacionadas con empresas cuyos contenedores fueron retenidos en Chile por la presunta presencia de sustancias controladas.
Durante estos operativos se secuestró documentación vinculada a las exportaciones observadas y se recolectaron muestras de madera y de otros materiales utilizados en productos elaborados, como puertas. Todo el material fue enviado al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas (IITC), en La Paz, para la realización de pericias especializadas.
Porras señaló que las investigaciones también incluyen el análisis de documentación proporcionada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), además de la toma de declaraciones a representantes de las empresas y personas que participaron en los procesos de exportación.
Respecto a las preocupaciones expresadas por el sector forestal sobre el impacto de las investigaciones, el fiscal afirmó que el Ministerio Público ha actuado con cautela para evitar afectar a empresas que aún no tienen responsabilidades establecidas.
En ese sentido, destacó que hasta el momento no se realizaron aprehensiones ni se dispuso el cierre de compañías, debido a que la Fiscalía espera los resultados de las pericias antes de asumir nuevas acciones.
Porras también indicó que, hasta ahora, las empresas investigadas no presentan vínculos entre sí ni evidencias de operar bajo una misma estructura. Según explicó, se trata de compañías con actividades y trayectorias distintas, algunas con más de tres décadas de funcionamiento, por lo que cada caso está siendo analizado de manera independiente.
Sobre la hipótesis de la impregnación de droga en la madera, el fiscal recordó que las autoridades chilenas sostienen que los cargamentos presentaban esa característica. Sin embargo, precisó que Bolivia aún espera información técnica complementaria para contrastar esos hallazgos con las pericias que se realizan en el país.
Finalmente, informó que la investigación se encuentra en etapa preliminar y que, conforme a los plazos establecidos por ley, el Ministerio Público dispone de hasta seis meses para reunir los elementos necesarios antes de determinar posibles responsabilidades. Mientras tanto, remarcó que todas las empresas involucradas mantienen la condición de investigadas y no de responsables del hecho.
