La Fiscalía abrió una investigación de oficio contra el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cuatro exautoridades del gobierno de Luis Arce y otras personas vinculadas al denominado caso Soboce-Grupo Gloria, por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, cohecho pasivo, uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas.
La decisión fue formalizada mediante un decreto emitido el 14 de julio por la fiscal de materia Jenny Esther Torrico Delgado, quien dispuso el inicio de las investigaciones tras analizar los antecedentes remitidos por fiscales superiores especializados en crimen organizado y derechos humanos.
Entre los investigados figura Rodríguez Zapatero, junto a María Gertrudis Alcázar Jiménez, María del Carmen Almendras Camargo y Ana María Ospina Ospina, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y legitimación de ganancias ilícitas.
Asimismo, el Ministerio Público incluyó en la investigación a las exministras María Nela Prada y Fabiola Salazar, además de los exministros Marcelo Montenegro y César Siles, por presuntos hechos vinculados a cohecho pasivo y uso indebido de influencias.
La investigación también alcanza a Mariano Uldarico Martín Carranza Gonzales, por presunta legitimación de ganancias ilícitas, y a Ricardo Condori Tola, por supuesto uso indebido de influencias.
De acuerdo con el documento fiscal, las pesquisas estarán a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que deberá desarrollar las actuaciones investigativas para esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades.
En el mismo decreto, la Fiscalía precisó que, por el momento, no corresponde emitir un criterio sobre una eventual participación de las empresas FOUS Social Research S.A.C., Soboce S.A. y Grupo Gloria S.A., debido a que cualquier determinación dependerá de los resultados que arroje la investigación.
Respecto al expresidente Luis Arce Catacora, mencionado en la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la institución aclaró que la normativa boliviana establece un procedimiento especial para el procesamiento de exmandatarios, por lo que cualquier acción en su contra deberá seguir la vía legal correspondiente.
