El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, afirmó que el Gobierno analiza la continuidad del Estado de Excepción ante la reactivación de bloqueos y conflictos en distintas regiones del país. Señaló que las autoridades de seguridad deberán evaluar una posible ampliación de la medida, con participación del Legislativo.
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Gálvez sostuvo que mientras el Estado de Excepción esté vigente, quienes bloqueen carreteras, afecten infraestructura pública o agredan a funcionarios pueden ser procesados conforme a la normativa.
Gobierno defiende medidas económicas
El vocero también defendió las decisiones económicas adoptadas por la administración de Rodrigo Paz y reconoció que estas medidas generan críticas entre la población.
Gálvez afirmó que el Ejecutivo asumió decisiones difíciles para estabilizar la economía y reducir el tamaño del Estado. Señaló que el Órgano Ejecutivo redujo en 30% su planilla y reiteró que el Gobierno no toma decisiones en función de las encuestas.
“Trabajamos para tomar las decisiones, para poder hacer lo que se necesita hacer, y tengan la certeza de que lo que se requiere hacer va a ser hecho”, afirmó.
Asimismo, pidió a la Asamblea Legislativa avanzar con el tratamiento de la Ley de Inversiones, que, según indicó, fue presentada el 11 de agosto y aún no ingresó a comisión.
Sobre los audios de Rodrigo Paz
Consultado sobre los nuevos audios atribuidos al presidente Rodrigo Paz, Gálvez señaló que el Gobierno mantendrá una posición de no interferencia y dejará que la justicia determine la autenticidad y alcance de las grabaciones.
“Dejemos que la justicia actúe”, sostuvo el vocero, quien añadió que la intención del Gobierno es que se conozca la verdad y que cualquier hecho irregular sea sometido a investigación.
Gálvez también indicó que, si fuera necesario, podrían considerarse instancias internacionales cuando las autoridades nacionales no respondan adecuadamente, aunque remarcó que el primer paso corresponde a la justicia boliviana.
Bloqueos y conflicto en el Chapare
Respecto a los bloqueos registrados en Yapacaní, Cuatro Cañadas y San Julián, además de la toma de un retén de control de la hoja de coca en Villa Tunari, el vocero sostuvo que no existe justificación para impedir la circulación o expulsar a efectivos policiales.
Sobre la situación del combustible, señaló que el Decreto Supremo 5698 permite a los agricultores acceder hasta 2.500 litros en surtidores, por lo que consideró que debería facilitarse la provisión y reducirse las razones para mantener los bloqueos.
El vocero sostuvo que el Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, evitar confrontaciones innecesarias. Sobre una eventual ampliación del estado de excepción, indicó que la decisión corresponde principalmente a las autoridades del área de seguridad y que también deberá considerarse la participación de la Asamblea Legislativa.
