Abogado de Cerimedo apunta a un “vacío legal” por sus dos órdenes de detención
La defensa cuestiona que la norma no establezca qué orden debe ejecutarse primero cuando existen procesos en distintos departamentos.
El abogado de Fernando Cerimedo, Ernesto Giraldes, cuestionó el traslado de su defendido al penal de Chonchocoro y afirmó que existe un “vacío legal” frente a las dos órdenes de detención preventiva emitidas en su contra por procesos radicados en Santa Cruz y La Paz.
Según explicó, el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal establece que las personas con detención preventiva deben ser recluidas en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, sostuvo que la norma no determina qué procedimiento corresponde cuando una misma persona tiene órdenes de detención por causas distintas en diferentes departamentos.
“En la norma no dice cuál se va a ejecutar primero. Ese es el vacío legal que existe”, afirmó Giraldes.
El abogado señaló que la defensa ya planteó esta situación ante el juez de control jurisdiccional de La Paz y anunció que recurrirá a otras vías legales. No descartó además solicitar el traslado de Cerimedo a Palmasola y adelantó que se está reuniendo documentación para pedir la cesación de la detención preventiva, con el objetivo de que pueda defenderse en libertad.
Sobre la investigación, Giraldes informó que tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron peritajes a los audios y chats presentados como elementos de prueba. Dijo que buscan que se conozca el contenido completo de estos materiales y se determine técnicamente su autenticidad.
El jurista también cuestionó que Nadia Beller, a quien identificó como testigo protegida, difunda públicamente información relacionada con el proceso. A su criterio, esta situación puede afectar la finalidad de la protección y “contaminar” elementos que posteriormente serán valorados dentro de la investigación.
Por otra parte, Giraldes apuntó contra el vicepresidente Edman Lara por su participación y declaraciones sobre el caso. Consideró que sus intervenciones representan una injerencia en un proceso por delitos comunes y afirmó que, “de una u otra forma”, pudieron influir en las decisiones adoptadas por los jueces.
