El sicariato anuncia una amenaza que todavía estamos a tiempo de detener
Por: Carlos Ibáñez Meier; Ph.D. en Economía
Bolivia entra en una etapa particularmente delicada. Durante décadas convivimos con el narcotráfico sin llegar a los niveles de violencia de la Colombia de sus peores años o del Ecuador de hoy, pero esa relativa tranquilidad no debe llevarnos a la peligrosa conclusión de que el problema todavía no es grave. Ya están presentes señales que preceden a una crisis de seguridad, y una es especialmente preocupante: la expansión del sicariato y de los ajustes de cuentas.
El dato más reciente debería encender las alarmas. Según Naciones Unidas, Bolivia llegó en 2025 a 36.400 hectáreas de coca, 7% más que en 2024; en el Trópico de Cochabamba la superficie creció un 22%, hasta 17.500 hectáreas, muy por encima de las 22.000 legales. No toda esa coca es cocaína ni todo productor es narcotraficante, pero ese excedente representa un potencial de desvío hacia lo ilícito: ya no es solo erradicación de cultivos, es crimen organizado transnacional.
Más inquietante aún es que la violencia adquiere rasgos antes propios de otros países. Entre enero y julio de 2026 hubo al menos 23 ataques atribuidos al crimen organizado, con 28 muertos; el 70% ocurrió en Santa Cruz, con sicariatos, ejecuciones planificadas y secuestros. En agosto, una disputa entre organizaciones criminales brasileñas por una ruta de salida de cocaína dejó nueve muertos en cinco días en la frontera, y en septiembre nuevos crímenes llevaron al Gobierno a militarizar la zona.
El sicariato es mucho más que un problema policial: es señal de penetración del crimen organizado. Detrás de un asesinato por encargo suele haber una estructura que provee armas, información, dinero y protección; que estos crímenes se repitan indica que ciertas organizaciones ya tienen capacidad para resolver sus disputas mediante la violencia. Ése es el verdadero peligro.
El crecimiento de la coca en el Chapare exige revisar la política de control, pero con precisión: sin eliminar indiscriminadamente una hoja que también tiene uso legal, ni usar esa legalidad como excusa para ignorar el excedente. La solución pasa por georreferenciar cada parcela e identificar al productor; el objetivo no es perseguir al campesino que produce legalmente, sino a quien desvía coca hacia el narcotráfico. Surge aquí una cuestión política inevitable: donde el Estado no puede ejecutar órdenes judiciales ni investigar organizaciones criminales, hay una debilidad institucional que debe corregirse, como ocurre con las órdenes judiciales vigentes contra Evo Morales, que enfrentan resistencia de sus seguidores en el Trópico. Pero sería un error presentar su eventual captura como la solución al narcotráfico: una persona puede ser detenida, pero una estructura criminal requiere mucho más, y el narcotráfico persistirá mientras permanezcan intactas sus cadenas de producción, financiamiento, lavado y exportación.
Por eso hay que seguir el dinero, no solo la droga. Durante demasiado tiempo medimos el éxito por toneladas incautadas y detenidos; también hay que medir cuántas organizaciones fueron desarticuladas y cuántos jefes financieros terminaron condenados. Bolivia debería crear una estructura permanente que integre Policía, Fiscalía, UIF, Aduana, inteligencia y Fuerzas Armadas, capaz de conectar a una persona con sus vehículos, empresas y propiedades, y de decomisar patrimonio criminal mediante el debido proceso. El sicario se reemplaza rápido; el financista y el jefe de la organización son mucho más difíciles de sustituir.
Santa Cruz necesita una estrategia especial, por su frontera con Brasil y la presencia creciente de organizaciones criminales extranjeras. No basta con enviar policías después de cada asesinato: se necesita una estructura permanente de inteligencia y seguridad que desarticule a las organizaciones antes de que consoliden control territorial. En mayo se acordó reforzar la presencia militar y crear un Grupo Especial Táctico contra el Crimen Organizado, pero los hechos posteriores muestran que las medidas deben ser permanentes. Tampoco es un problema solo cruceño: Cochabamba y Beni presentan riesgos similares, por lo que Bolivia necesita un mapa nacional de riesgo del crimen organizado.
La experiencia de Nayib Bukele en El Salvador merece estudiarse sin prejuicios: logró reducir drásticamente los homicidios, pero organismos de derechos humanos también documentan detenciones arbitrarias. Bolivia debería aprender de ella sin copiarla: no detenciones masivas sin evidencia, sino un Estado firme, rápido y respetuoso del Estado de derecho, donde la inteligencia preceda a la improvisación y la condena llegue tras un proceso judicial, con confiscación de activos. Mano firme, pero dentro de la ley.
Bolivia debería convertir esta lucha en política de Estado: control satelital y registro individual de la coca; presencia permanente en el Chapare y las zonas fronterizas; una Fuerza Nacional contra el Crimen Organizado Transnacional; inteligencia financiera en el centro de la estrategia; control tecnológico de fronteras y destrucción de pistas clandestinas; una unidad contra el tráfico de armas; Fiscalía y Justicia especializadas; cooperación prioritaria con Brasil y la región; e inversión en prevención, educación, empleo juvenil y tratamiento de adicciones, porque una política solo represiva encarcela delincuentes sin eliminar las condiciones que permiten que otros ocupen su lugar.
Bolivia todavía tiene una ventaja que no debe desperdiciar: la violencia generalizada aún no se ha instalado en el país. Pero sería irresponsable ignorar las señales: coca en aumento, organizaciones criminales extranjeras, pistas clandestinas, lavado de dinero, secuestros y, con creciente frecuencia, sicarios que ejecutan a plena luz del día. El problema ya no es solo que Bolivia produzca o transporte droga, sino que algunas organizaciones empiezan a verla como un territorio donde invertir, esconderse y resolver conflictos mediante la violencia. Eso es lo que debemos impedir, sin esperar a que el sicariato se convierta en epidemia.
La verdadera batalla de Bolivia no es contra la hoja de coca, sino contra las organizaciones que convierten la coca desviada en cocaína, la cocaína en dinero, el dinero en armas y las armas en poder territorial. El sicariato es la señal más clara de que esa transformación puede estar comenzando, y Bolivia todavía está a tiempo de detenerla, aunque la ventana no permanecerá abierta indefinidamente. La alternativa no es elegir entre mano blanda y mano dura: es construir un Estado lo bastante fuerte para que el narcotraficante tema a la Policía, el sicario a la Justicia, el lavador a la UIF y el funcionario corrupto a las instituciones. Ésa es la batalla que Bolivia debe ganar ahora.
