El presidente ha tomado una decisión que reducirá el gasto estatal en 55 millones de dólares a la semana, lo que implica una buena noticia por la salud de la economía y el progreso social de las familias en el mediano plazo, pero es una medida que fue asumida muy tarde y en condiciones de confianza y credibilidad muy bajas.
En términos de impacto, el haber tomado esta decisión en septiembre significa una reducción estimada de tan solo un punto porcentual del déficit fiscal, lo que es insuficiente ya que el déficit fiscal estaría bajando de 9% a 8%.
Para 2027, el efecto es prometedor, pero muy lento: significa reducir aproximadamente 3.9% del déficit fiscal y este quedaría entre un 4 a 4.5%. Dadas las condiciones institucionales y de credibilidad nacional que gozaba el gobierno de Paz, el estado boliviano debió eliminar el déficit fiscal por completo en su primer año de gestión.
En todo caso, este esfuerzo fiscal -cuyas consecuencias caerán sobre las espaldas de productores y las familias- será insignificante y hasta contraproducente si no se cambia de modelo económico a profundidad; de momento, no hay una sola medida que haya cambiado el modelo económico que provocó esta crisis por lo que la estructura estatal, los incentivos y las señales de la economía boliviana aún son perversas a toda inversión seria y de magnitud, lo que castiga a la generación de empleo y a la producción.
Si bien la medida es un aliciente, Bolivia va a salir adelante a través del fortalecimiento de sus instituciones (reglas de juego) y con mucha mayor libertad económica como condición necesaria. Dadas las circunstancias (caída de la economía e incremento de la pobreza), el cambio total de modelo económico es una obligación moral y el gobierno debe profundizar y acelerar los cambios que debió tomar durante las primeras semanas de gestión.
