Bolivia enfrenta una de sus crisis institucionales más delicadas: la pérdida de confianza en su sistema de justicia. No se trata solo de jueces cuestionados o procesos interminables. Cuando los ciudadanos perciben que la justicia funciona de manera diferente para el poderoso y para el ciudadano común, el Estado de derecho empieza a desmoronarse.
El caso Botrading, las investigaciones sobre Marcelo Arce, las 32 maletas llegadas desde Estados Unidos, el intento de sacar cerca de 190 kilos de oro por Viru Viru y el caso Marset comparten enormes interrogantes sobre dinero, bienes, redes de influencia y responsabilidades aún sin respuesta. Paralelamente, según un recuento reciente, 22 procesados de estos casos se encuentran fuera de prisión, aunque los procesos continúan y sus situaciones jurídicas no son idénticas.
El último episodio es significativo. Este 24 de septiembre, Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, obtuvo detención domiciliaria tras permanecer detenido desde marzo; sigue investigado por presunta legitimación de ganancias ilícitas. YPFB lo ha señalado como presunto operador vinculado a Botrading, empresa que vendió combustibles a la estatal por más de 800 millones de dólares. Son acusaciones por demostrar, pero la magnitud de las operaciones exige una investigación transparente, independiente y exhaustiva.
El problema no es que un juez otorgue detención domiciliaria. La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, y el propio Tribunal Supremo de Justicia ha instruido usarla de manera excepcional, tras años de abuso y hacinamiento carcelario. Pero una cosa es defender el debido proceso y otra permitir que la excepción se convierta en puerta hacia la impunidad. La pregunta no es solo por qué alguien salió de la cárcel, sino qué argumentos utilizó el juez, qué pruebas presentó la Fiscalía, qué riesgos procesales se descartaron, qué controles impiden obstaculizar la investigación y por qué decisiones similares producen resultados distintos.
En el caso del oro, el principal detenido, Adrián Lema Roca, obtuvo su libertad y la Fiscalía anunció una apelación. En el de las maletas, la exdiputada Laura Rojas y el exjuez Hebert Zeballos pasaron a medidas sustitutivas, al igual que varios presuntos integrantes del entorno de Marset. En Botrading, la Procuraduría denunció que siete investigados quedaron sin medidas cautelares. Ninguno debe ser considerado culpable sin sentencia firme, pero estos casos trascienden ampliamente un delito común.
¿Significa esto que los jueces son corruptos? No necesariamente. Una resolución cuestionable puede deberse a una interpretación equivocada de la ley, una investigación fiscal deficiente o la aplicación de garantías procesales. Pero tampoco es responsable cerrar los ojos ante la posibilidad de corrupción judicial, cuya característica más peligrosa es que no necesita alterar todas las decisiones del sistema, sino solo algunas estratégicas. Un juez corrupto no necesita liberar a cien delincuentes: le basta con liberar al correcto. Un fiscal corrupto no necesita archivar cien investigaciones: le basta con debilitar la que compromete a un poderoso.
Por eso la corrupción judicial es más grave que la administrativa. Quien roba dinero público produce un daño económico; quien vende una decisión judicial destruye la capacidad del Estado de perseguir cualquier otra forma de corrupción. La justicia corrupta se convierte así en el seguro de vida de la corrupción.
El Tribunal Supremo tiene una responsabilidad histórica. No puede limitarse a defender corporativamente a los jueces ni convertirse en instrumento del gobierno de turno. Debe defender dos principios inseparables: independencia y responsabilidad judicial. Si un juez se equivoca, existen recursos; pero si recibe dinero, manipula expedientes o coordina con organizaciones criminales, debe enfrentar todo el peso de la ley.
No basta con aumentar las penas; hay que aumentar la probabilidad de descubrir y demostrar la corrupción. Magistrados, jueces y fiscales en cargos sensibles deberían someterse a controles patrimoniales rigurosos y periódicos. Las resoluciones cautelares en casos de corrupción, narcotráfico y grandes delitos económicos deberían ser públicas, fundamentadas y auditables. Un sistema informático podría detectar patrones anormales: jueces que liberan sistemáticamente a ciertos acusados, concentración de casos en determinados despachos, decisiones reiteradamente revocadas o relaciones inusuales entre abogados y jueces. No se trata de sustituir al juez por una computadora, sino de saber dónde investigar.
Probada la corrupción, las sanciones deben ser severas: prisión efectiva, multas proporcionales al beneficio, confiscación de bienes e inhabilitación. Y debe castigarse también a quien compra la decisión, porque la corrupción judicial rara vez es un acto individual: es una cadena de intermediarios, abogados, funcionarios, fiscales y jueces, y las investigaciones deben seguir el dinero hasta los beneficiarios finales. El país necesita, además, una carrera judicial basada en mérito, concursos públicos y evaluación periódica, cuya estabilidad no dependa de quién nombró al juez.
Independencia sin responsabilidad produce arbitrariedad; responsabilidad sin independencia produce persecución política. Bolivia necesita ambas. El TSJ cuenta con una Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; el desafío es que produzca resultados visibles y verificables. La crisis ya alcanza al propio Órgano Judicial: una comisión de Diputados ha citado a magistrados y consejeros de la Magistratura por denuncias de presunto prevaricato. Eso no los hace culpables, pero revela la desconfianza.
Bolivia no puede normalizar que los casos se acumulen, los bienes desaparezcan y los acusados recuperen su libertad sin que la sociedad comprenda por qué. Tampoco puede aceptar que la presión política decida quién permanece preso. La salida es más difícil y más seria: una justicia independiente, profesional, transparente y rápida, capaz de castigar tanto al corrupto de cuello blanco como al funcionario que le vende protección.
Un país puede recuperarse de una crisis económica y reconstruir sus reservas. Mucho más difícil es reconstruir la confianza cuando la ciudadanía concluye que la ley no es igual para todos. Por eso la reforma judicial ya no puede ser una promesa electoral: debe ser una emergencia nacional. Nadie está por encima de la ley, pero nadie puede ser condenado fuera de ella. Esa es la diferencia entre un Estado de derecho y la arbitrariedad, y Bolivia necesita recuperarla con urgencia.
