Carlos Hugo Molina plantea una “segunda Participación Popular” para la Bolivia urbana

El impulsor de la reforma municipal de 1994 reivindica el legado de esa transformación y sostiene que el país debe volver a confiar en la ciudadanía, la descentralización y la capacidad de los municipios para enfrentar la crisis actual.

Carlos Hugo Molina, uno de los principales impulsores de la Ley de Participación Popular de 1994, reivindicó esa reforma como uno de los cambios institucionales más importantes de la Bolivia contemporánea y planteó que el país necesita ahora una nueva etapa de descentralización, adaptada a una sociedad predominantemente urbana.

La reflexión aparece a propósito del manifiesto difundido por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien a sus 96 años volvió a referirse al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a su trayectoria política y a las reformas impulsadas durante sus gobiernos.

Molina sostiene que, más allá de las pasiones y controversias que rodearon al último gobierno de Sánchez de Lozada, existe un legado institucional que merece ser debatido: la Revolución Nacional de 1952, el Decreto 21060 de 1985 y las reformas estructurales de los años 90.

La Participación Popular como legado

Para Molina, uno de los mayores cambios fue la Ley de Participación Popular, aprobada en 1994.

La reforma municipalizó el territorio nacional, amplió la presencia estatal en las áreas rurales y estableció la distribución de recursos de la coparticipación tributaria entre los municipios de acuerdo con su población.

También incorporó a comunidades campesinas e indígenas y a juntas vecinales en los procesos de planificación y fiscalización municipal.

La transformación fue precedida por años de debate sobre la descentralización. Mientras algunos sectores defendían la elección directa de autoridades departamentales, Molina impulsó una alternativa municipalista.

El argumento era que los municipios constituían el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía y podían convertirse en el instrumento para llevar recursos, competencias y participación política al territorio.

De la Bolivia rural a la Bolivia urbana

Tres décadas después, Molina considera que el escenario del país cambió profundamente.

Bolivia pasó de una sociedad con una importante mayoría rural a otra predominantemente urbana, con grandes ciudades, regiones metropolitanas y ciudades intermedias.

Por eso plantea lo que denomina una “segunda Participación Popular”, esta vez orientada a las necesidades de las ciudades y a una nueva relación entre ciudadanía y Estado.

La pregunta de fondo es cómo trasladar a la Bolivia urbana el principio que inspiró la reforma de 1994: acercar el poder público y los recursos a la población.

“Unidad en la diversidad”

Molina también rescata del manifiesto de Sánchez de Lozada la convocatoria a la unidad del MNR y considera que esa idea puede trascender al partido.

En un escenario que describe como marcado por la fragmentación política y el debilitamiento de los referentes ideológicos, reivindica conceptos como “unidad en la diversidad”, “alianza de clases” y “capitalismo social”.

Su planteamiento parte de una constatación que, según afirma, recoge de sus recorridos por el país: la población busca principalmente trabajo, condiciones para vivir con dignidad y oportunidades para que sus hijos puedan permanecer y desarrollarse en sus comunidades.

Una reforma que nació de un largo debate

El periodista Fernando Molina reconstruye en un ensayo la historia previa a la Participación Popular.

Su investigación muestra que la reforma de 1994 no surgió de manera aislada. Durante los años 80 y comienzos de los 90 hubo propuestas de descentralización departamental, proyectos de reconocimiento político de las comunidades indígenas y campesinas y distintas propuestas para fortalecer a los municipios.

Entre los protagonistas de ese debate estuvieron Carlos Hugo Molina, Miguel Urioste e Iván Finot, además de numerosos técnicos, políticos e intelectuales que participaron posteriormente en la implementación de la reforma.

Sánchez de Lozada, tras asumir la Presidencia en 1993, decidió abandonar el proyecto de descentralización departamental que se venía discutiendo e invitó a Molina a trabajar en una alternativa municipalista.

El resultado fue la Ley de Participación Popular de 1994.

El debate que vuelve 30 años después

La reforma también tuvo problemas. El propio balance histórico reconoce dificultades de gestión y relaciones clientelares entre organizaciones sociales y autoridades municipales.

Sin embargo, su principal resultado fue la creación de una red de municipios que cubrió todo el territorio nacional y acercó recursos y responsabilidades públicas a localidades que anteriormente tenían una presencia estatal mucho menor.

Para Molina, ese proceso dejó una lección que conserva vigencia: las transformaciones del Estado pueden construirse desde el territorio y colocando al ciudadano en el centro.

La discusión que plantea ahora es si aquella experiencia puede servir de punto de partida para una nueva etapa de descentralización, esta vez pensada para una Bolivia mucho más urbana y metropolitana.

El debate sobre el legado de Goni vuelve así al presente: no solamente por su figura política, sino por una reforma que modificó la relación entre el Estado boliviano, los municipios y los ciudadanos.