Ormachea plantea una comisión mixta para investigar las restricciones de visas de EE.UU.
Ormachea propone una comisión legislativa para investigar las restricciones de visas de EE.UU.
El senador de Alianza Libre sostiene que la Asamblea debe solicitar a Estados Unidos información detallada sobre las razones de las restricciones y revisar los casos de autoridades, exautoridades y empresarios mencionados. También pidió evitar que la investigación quede limitada a la primera lista.
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El senador y jefe de bancada de Alianza Libre, José Ormachea, planteó que la Asamblea Legislativa conforme una comisión mixta de diputados y senadores para investigar las restricciones de visas anunciadas por Estados Unidos contra ciudadanos bolivianos.
Según Ormachea, la comisión debería solicitar al Gobierno estadounidense información detallada sobre las razones por las que cada persona fue incluida en las medidas y revisar los casos de manera individual.
Estados Unidos anunció el 28 de septiembre restricciones de visa contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso boliviano, la lista incluye funcionarios y exfuncionarios vinculados principalmente al sistema judicial y otras áreas. Entre los nombres mencionados está el fiscal general Roger Mariaca.
“Se tiene que hacer en función a la creación de una comisión especial mixta de investigación”, sostuvo Ormachea durante una entrevista.
Ormachea pide información antes de plantear separaciones de funcionarios
El senador también fue consultado sobre la posibilidad de apartar de sus cargos a funcionarios que aparezcan en las listas estadounidenses.
Ormachea respondió que primero debe conocerse la información que Estados Unidos pueda proporcionar sobre cada caso.
Su posición es que no debería solicitarse la separación de una autoridad únicamente por aparecer en una lista, sino después de conocer los fundamentos de la medida y determinar si existen elementos que ameriten una investigación o acciones institucionales en Bolivia.
“Necesitamos la información que pueda brindar Estados Unidos para tener una base”, afirmó.
El planteamiento alcanzaría a funcionarios en ejercicio y exfuncionarios de distintas instituciones, según explicó.
La segunda lista y una versión todavía no confirmada
Uno de los puntos mencionados durante la entrevista fue la posible existencia de una segunda lista con nuevos nombres.
Ormachea sostuvo que la eventual comisión no debería limitarse a las personas incluidas en la primera nómina y mencionó una versión según la cual habría otros 20 nombres.
El senador atribuyó esa versión a declaraciones realizadas por el exministro Carlos Romero en televisión.
Este punto requiere una verificación independiente: la existencia, composición y número exacto de una segunda lista no deben presentarse como hechos confirmados mientras no exista un documento oficial o una fuente verificable que los respalde.
El caso del fiscal general
La situación del fiscal general Roger Mariaca aparece como uno de los casos centrales de la discusión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una restricción de visa contra Mariaca y señaló públicamente acusaciones relacionadas con corrupción y protección al narcotráfico.
Ormachea sostuvo que, antes de determinar eventuales responsabilidades institucionales, la Asamblea debería conocer las razones específicas de Estados Unidos y contrastarlas con información disponible en Bolivia.
La discusión adquiere relevancia porque la Fiscalía General es una institución encargada de investigar delitos y ejercer la acción penal pública. Por ello, cualquier investigación sobre su máxima autoridad plantea además preguntas sobre la independencia y continuidad institucional del Ministerio Público.
¿Qué tendría que investigar la Asamblea?
Si la comisión planteada por Ormachea se concreta, una investigación legislativa tendría que establecer, entre otros puntos:
- Qué personas fueron alcanzadas por las restricciones de visa.
- Qué medida aplicó Estados Unidos en cada caso.
- Qué información oficial entregó el Departamento de Estado.
- Qué hechos concretos atribuye Estados Unidos a cada persona, cuando esos fundamentos sean públicos.
- Si existen investigaciones o procesos abiertos en Bolivia relacionados con esos casos.
- Qué documentos pueden ser contrastados por la Asamblea.
- Si existen funcionarios actualmente en ejercicio y qué responsabilidades tienen.
- Qué garantías de debido proceso corresponden a las personas señaladas.
La información estadounidense también debería distinguirse de una sentencia judicial: una restricción o revocación de visa es una decisión migratoria o administrativa de Estados Unidos y no equivale por sí misma a una condena penal en Bolivia.
Un debate que recién comienza
El Gobierno boliviano señaló que las restricciones de visas constituyen un desafío para la institucionalidad del país y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones que correspondan.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura anunció que realizará un levantamiento de información sobre funcionarios judiciales mencionados en la lista y advirtió que podrían iniciarse procesos si se identifican irregularidades.
La propuesta de Ormachea se suma a una iniciativa institucional que ya comenzó en la Asamblea. Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores solicitaron a la Cancillería gestionar, por los canales diplomáticos correspondientes, información oficial de Estados Unidos sobre los señalamientos contra autoridades bolivianas.
El Gobierno también anunció que solicitará información complementaria y elementos probatorios a Estados Unidos sobre las restricciones de visa.
Por ahora, la existencia de las restricciones estadounidenses está confirmada. Lo que todavía debe establecerse, caso por caso, es qué evidencia sustenta cada señalamiento y qué consecuencias, si corresponde, tendrá dentro de Bolivia.
