Santistevan: la Fiscalía debe cubrir su “acefalía” y activar un interinato para reemplazar a Mariaca

La Fiscalía General atraviesa, según el abogado constitucionalista José Luis Santistevan Justiniano, una situación extraordinaria tras la detención de Roger Mariaca, por lo que la Asamblea Legislativa debe analizar mecanismos para cubrir la conducción del Ministerio Público y activar el proceso de selección de una nueva autoridad.

En entrevista con Desayuno Informado, Santistevan sostuvo que el caso no puede ser tratado como un reemplazo temporal ordinario, debido a que Mariaca se encuentra detenido y enfrenta una investigación por delitos que, según el jurista, están relacionados con corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

Santistevan plantea un interinato en la Fiscalía

El abogado explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público contempla mecanismos para situaciones de ausencia o impedimento temporal del fiscal general. Sin embargo, consideró que el escenario actual es diferente porque se trataría de una interrupción del mandato.

Según su interpretación, la situación de Mariaca no corresponde a una ausencia temporal producto de enfermedad o impedimento ordinario, sino a una circunstancia extraordinaria derivada de su detención.

“Estamos hablando de un proceso extraordinario”, afirmó durante la entrevista.

Santistevan señaló que el mandato de Mariaca tiene una duración de seis años y que, al momento de los hechos, todavía le quedaban varios años de gestión. Por ello, sostuvo que la Asamblea debe considerar cómo cubrir la conducción de la Fiscalía mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente para elegir una nueva autoridad.

La Asamblea debe definir el futuro del Ministerio Público

El constitucionalista reconoció que la Asamblea Legislativa tiene un papel central en la designación y eventual procesamiento de la máxima autoridad del Ministerio Público.

A su criterio, el Legislativo debe adoptar dos decisiones: conocer oficialmente qué ocurrió con Mariaca y, si se confirma que existe una interrupción de su mandato, garantizar la conducción de la Fiscalía mediante un interinato.

“El señor Mariaca recién el 22 de octubre cumplía dos años de su mandato. Debe nombrar un interino para cubrir la acefalía y hacer inmediatamente el proceso de selección”, sostuvo.

Santistevan calculó que el procedimiento para elegir una nueva autoridad podría extenderse durante varias semanas, por lo que consideró necesario evitar que la Fiscalía permanezca sin una conducción definida.

Diferencias entre un reemplazo temporal y una interrupción del mandato

Uno de los puntos centrales de su análisis es la diferencia entre una ausencia temporal y la situación actual de Mariaca.

El abogado mencionó el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para explicar que existe un mecanismo de reemplazo cuando el fiscal general se encuentra ausente o impedido temporalmente.

Sin embargo, consideró que esa disposición no necesariamente responde al escenario actual.

“El legislador no puede escribir: en caso de que se vaya preso por corrupto, lo reemplazará tal. No es así”, explicó.

En su interpretación, el artículo 28 de la misma norma contempla la interrupción del mandato y podría ser aplicable al caso.

Santistevan sostuvo que, si la autoridad no puede ejercer sus funciones debido a un proceso penal, corresponde analizar ese escenario bajo las disposiciones que regulan la interrupción del mandato.

¿Mariaca tiene derecho a juicio de responsabilidades?

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el argumento de la defensa de Mariaca, que sostiene que se habría vulnerado su derecho al debido proceso y que, por su condición de fiscal general, correspondería un juicio de responsabilidades.

Santistevan diferenció entre los delitos cometidos en el ejercicio de una función pública y otros delitos que, según su interpretación, pueden ser investigados por la vía ordinaria.

El abogado sostuvo que el mecanismo de juicio de responsabilidades está relacionado con determinados delitos cometidos en el ejercicio de funciones y planteó que debe establecerse con precisión cuáles son los delitos por los que Mariaca está siendo investigado.

En ese sentido, remarcó que el análisis jurídico debe partir de la acusación, los indicios existentes y la naturaleza de los delitos investigados.

La libertad de Mariaca será definida por un juez

Consultado sobre la acción de libertad presentada por la defensa y la posibilidad de que la justicia determine la libertad de Mariaca, Santistevan explicó que esa decisión corresponde a la autoridad judicial competente.

“Quien finalmente es el que lleva a uno a la cárcel es el juez, no es el fiscal”, señaló.

El abogado indicó que Mariaca se encuentra detenido preventivamente y que debe desarrollarse la correspondiente audiencia cautelar, instancia en la que un juez determinará su situación procesal.

De esta manera, diferenció la discusión sobre la legalidad de la aprehensión y las garantías constitucionales de la decisión judicial que debe establecer si corresponde mantener o modificar las medidas adoptadas.

Santistevan cuestiona la situación de la justicia

Durante la entrevista, el constitucionalista también realizó una evaluación crítica sobre la situación del sistema de justicia y del Ministerio Público en Bolivia.

Sostuvo que los problemas institucionales no son recientes y afirmó que la crisis de la justicia y la Fiscalía requiere una reforma profunda.

“Esto debió ocurrir hace mucho tiempo”, afirmó, al referirse a la intervención de las autoridades frente a la situación del Ministerio Público.

Santistevan consideró que el actual escenario pone nuevamente en debate la necesidad de modificar el funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia.

El papel del Ejecutivo frente a una Fiscalía sin conducción

El abogado también se refirió a la posibilidad de que la Asamblea no logre un acuerdo para definir la conducción de la Fiscalía.

Reconoció que el Legislativo tiene atribuciones sobre la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público, pero sostuvo que existen antecedentes jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que, según su interpretación, permiten al Ejecutivo actuar cuando la Asamblea incumple determinadas funciones institucionales.

La afirmación abre otro debate constitucional: qué ocurre cuando existe una institución sin conducción efectiva y el Legislativo no logra adoptar una decisión.

Para Santistevan, el problema debe resolverse evitando que la Fiscalía permanezca acéfala y garantizando que exista una autoridad que pueda ejercer las funciones correspondientes mientras se desarrolla el proceso de selección.

El abogado insistió en que el caso de Mariaca representa una situación excepcional que requiere una respuesta institucional y jurídica acorde con las circunstancias.

“La Asamblea debe tomar dos determinaciones”, resumió: conocer oficialmente lo ocurrido y definir cómo garantizar la conducción de la Fiscalía mientras se desarrolla el procedimiento para elegir a su nueva máxima autoridad.