En diciembre de 2025 Bolivia inició el retiro de las subvenciones a los combustibles y comenzó a acercar los precios internos del diésel y la gasolina a referencias internacionales. En ese momento, el petróleo se encontraba alrededor de los US$65 por barril. El argumento económico era conocido: reducir el costo fiscal del subsidio, corregir precios relativos distorsionados, disminuir los incentivos al contrabando y liberar recursos públicos para usos socialmente más eficientes.
Pero desde entonces cambió radicalmente el escenario internacional. La escalada bélica entre Irán y Estados Unidos llevó el petróleo por encima de los US$100 por barril, arrastrando los precios internacionales de sus derivados. La diferencia entre aquel precio de referencia y el actual no puede interpretarse simplemente como la reaparición de una “subvención”. Una parte significativa corresponde a una prima de riesgo geopolítico: un sobreprecio generado por la guerra, la incertidumbre sobre la oferta mundial de energía y los riesgos sobre las rutas internacionales de abastecimiento.
Esta distinción es fundamental. Una cosa es eliminar una subvención estructural que durante años mantuvo artificialmente bajos los precios internos; otra muy distinta es decidir quién absorbe un shock externo extraordinario y posiblemente transitorio. Si el Estado traslada mecánicamente toda la subida internacional al precio interno, no está solamente retirando una subvención: está transfiriendo íntegramente al consumidor boliviano el costo económico de una guerra que Bolivia no provocó. En términos más gráficos, estamos pasando del subsidio al misil: el conflicto ocurre a miles de kilómetros, pero la factura termina llegando al surtidor boliviano.
En el caso del diésel, buena parte de ese ajuste ya fue trasladado a consumidores y productores. Ahora existe presión para completar el proceso con la gasolina y el GLP. Uno de los principales argumentos es el contrabando: mientras exista una brecha importante entre el precio boliviano y el de los países vecinos, permanecerá el incentivo para sacar combustible ilegalmente del país.
El argumento es correcto, pero incompleto. El contrabando no es solamente un problema de precios; también es un problema institucional. Si bastara con igualar precios internacionales para eliminarlo, podríamos cerrar Aduanas, controles fronterizos y unidades de fiscalización y dejar que la teoría de precios patrulle las fronteras. El diferencial de precios crea el incentivo económico, pero para transformar ese incentivo en un negocio de gran escala se necesitan redes logísticas, corrupción, protección y capacidad para evadir controles. Después de años de subvención, resulta difícil sostener que el problema boliviano haya sido únicamente que el combustible era barato. También ha existido una incapacidad persistente del Estado para desmontar las estructuras organizadas que viven del contrabando.
Además, trasladar inmediatamente toda la prima geopolítica al consumidor tiene consecuencias macroeconómicas. El combustible es un insumo transversal: afecta transporte, agricultura, industria, minería, logística y distribución de alimentos. Su encarecimiento se propaga por las cadenas productivas mediante efectos de segunda ronda. Por eso un nuevo ajuste de gasolina y GLP no terminaría en el surtidor: aparecería después en el precio del transporte, los alimentos y numerosos bienes y servicios. En una economía debilitada, el resultado puede ser una combinación particularmente desagradable de mayor inflación, caída del salario real, reducción del consumo y profundización de la recesión.
Esto no significa defender el regreso al viejo subsidio universal. Ese modelo era fiscalmente costoso, regresivo, incentivaba el contrabando y beneficiaba también a quienes no necesitaban ayuda estatal. La alternativa sensata no consiste en escoger entre dos extremos: subvencionar eternamente todo o trasladar mañana hasta el último centavo del precio internacional a las familias.
Existe una tercera vía. Bolivia podría establecer un mecanismo temporal de estabilización de precios, utilizando una banda alrededor de un precio internacional de referencia y promedios móviles que eviten trasladar inmediatamente shocks extremos. Cuando los precios internacionales superen el techo de la banda, un fondo de estabilización amortiguaría parcialmente la diferencia; cuando disminuyan, se reconstruiría el fondo. Paralelamente, la ayuda debería dejar de subsidiar indiscriminadamente litros de combustible y pasar a compensar directamente a hogares vulnerables y sectores productivos estratégicos, mediante cupos, transferencias o mecanismos focalizados y verificables.
La discusión, por tanto, está mal planteada cuando se reduce a la pregunta: “¿subvención sí o subvención no?”. La verdadera pregunta económica es otra: ¿qué parte del precio corresponde a una distorsión estructural que Bolivia debe corregir y qué parte corresponde a un shock geopolítico extraordinario que conviene amortiguar? Y, sobre todo, ¿cómo distribuir temporalmente ese costo entre Estado, consumidores y productores sin incendiar nuevamente la inflación y profundizar la recesión?
Eliminar una subvención insostenible puede ser una reforma económica necesaria. Cobrarle inmediatamente al ciudadano boliviano el costo completo de una guerra ajena es una decisión de política económica, no una inevitabilidad técnica. Confundir ambas cosas permite presentar cualquier incremento como si fuera simplemente “sincerar precios”.
Bolivia necesita corregir sus precios relativos, combatir seriamente el contrabando y abandonar el subsidio universal. Pero también necesita mecanismos de estabilización, focalización y protección frente a shocks externos excepcionales. El mercado internacional puede mandar la señal; la política económica decide cuánto, cuándo y cómo esa señal llega al bolsillo de la gente.
El problema es que para hacer esto se necesitan dólares, instituciones, capacidad de gestión y diseño de política pública. Y ahí aparece nuestra tragedia energética: al Gobierno le faltan dólares para amortiguar el shock, capacidad para desmontar las mafias del contrabando e ideas para construir una transición inteligente. Cuando faltan las tres cosas, siempre queda la política pública más sencilla: mandar la factura de la guerra al surtidor y pedirle al ciudadano que la pague.
