La liberación en España de Jimena Katherin Marset Cabrera, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, volvió a poner bajo cuestionamiento las actuaciones de la Fiscalía boliviana. La mujer fue detenida en junio de 2025 en las afueras de Madrid, pero recuperó su libertad horas después, luego de que las autoridades bolivianas comunicaran que había sido beneficiada con un sobreseimiento fiscal y que la orden internacional de captura había quedado sin efecto.
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El caso cobró nueva relevancia en octubre de 2026, tras la detención del exfiscal general Róger Mariaca, investigado por su presunta vinculación con una organización criminal y la protección al narcotráfico. La relación entre ambos asuntos debe establecerse a partir de las actuaciones y documentos de cada investigación, sin dar por probada una conexión que todavía debe esclarecerse.
Según una publicación de Infobae del 10 de octubre, la jueza Livia Alarcón señaló que la decisión que favoreció a Jimena Marset no fue emitida por el Órgano Judicial, sino que correspondió a una resolución fiscal. “Hay una resolución fiscal firmada por estas autoridades en favor de Katherin Marset Cabrera”, declaró, de acuerdo con el reporte. <Cite refs={[“turn262355search14″,”turn262355search4”]}/>
Una captura en España seguida de una liberación
Jimena Katherin Marset Cabrera fue detenida el 10 de junio de 2025 en Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, durante un operativo coordinado entre la Policía española e Interpol Uruguay.
Sobre ella pesaba una orden de captura internacional solicitada por Bolivia, donde era investigada por presuntos vínculos con la organización atribuida a su hermano. Tras su detención, quedó a la espera de que se definiera su situación frente a una eventual extradición.
Sin embargo, la situación cambió pocas horas después. Las autoridades bolivianas comunicaron a España que la mujer había sido beneficiada con un sobreseimiento fiscal y que la requisitoria internacional había quedado sin efecto. Con esa información, recuperó su libertad.
La defensa de Marset Cabrera sostuvo entonces que la decisión respondía a la falta de elementos suficientes para continuar el proceso y negó que existieran pruebas que acreditaran su participación en actividades delictivas relacionadas con su hermano.
Su abogado, Santiago Moratorio, también afirmó que la mujer se encontraba en España para ayudar en la crianza de los hijos de Sebastián Marset, después de que su cuñada, Gianina García Troche, fuera detenida en 2024.
¿Quiénes firmaron el sobreseimiento fiscal?
Uno de los puntos centrales del caso es identificar a los funcionarios que intervinieron en la resolución que permitió dejar sin efecto la orden internacional.
Según una publicación anterior de EL DEBER, el sobreseimiento habría sido firmado por una comisión de fiscales integrada por Jorge Armando Caballero, Rubén Darío Ordóñez y Julio César Porras.
La declaración de la jueza Livia Alarcón volvió a poner el documento en el centro de la discusión, al precisar que la decisión fue fiscal y no judicial.
Este aspecto es relevante porque permite distinguir las competencias de las instituciones que intervinieron en el proceso. La orden internacional había sido solicitada por Bolivia, pero la comunicación posterior sobre el sobreseimiento cambió la situación jurídica de la mujer ante las autoridades españolas.
Para esclarecer el caso, será necesario establecer qué elementos sustentaron la decisión fiscal, qué actuaciones se realizaron antes de emitirla y cuáles fueron los procedimientos utilizados para comunicar que la requisitoria había quedado sin efecto.
La existencia de una resolución favorable a la investigada no demuestra por sí misma una actuación irregular. Las circunstancias y la legalidad de la decisión deben evaluarse a partir del expediente y de las instancias competentes.
El caso vuelve a cobrar relevancia tras la detención de Róger Mariaca
La revisión de estos antecedentes coincide con la investigación contra Róger Mariaca, quien dirigió la Fiscalía General del Estado desde octubre de 2024 hasta su salida del cargo en 2026.
Mariaca fue imputado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, dentro de una investigación en la que también fueron incluidos el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta, y el policía Rubén Aparicio.
El 3 de octubre, la Justicia dispuso la detención preventiva de Mariaca por seis meses mientras avanza la investigación. Las acusaciones se relacionan con la presunta existencia de una estructura destinada a proteger actividades vinculadas al narcotráfico. Mariaca ha rechazado las acusaciones, que deberán ser probadas dentro del proceso judicial. <Cite refs={[“turn262355search5″,”turn262355search10”]}/>
En ese contexto, el sobreseimiento de Jimena Marset adquiere relevancia pública porque plantea preguntas sobre las decisiones adoptadas por fiscales en causas relacionadas con el entorno del presunto narcotraficante.
No obstante, la información disponible no permite afirmar que Mariaca haya ordenado personalmente el sobreseimiento ni que exista una conexión judicialmente probada entre esa decisión y los cargos que enfrenta actualmente.
Las preguntas que siguen abiertas
La liberación de Jimena Marset en España dejó una serie de interrogantes sobre la actuación del Ministerio Público boliviano.
Entre ellos están los fundamentos jurídicos del sobreseimiento, las razones por las que se dejó sin efecto la orden internacional y el papel de los fiscales que suscribieron la resolución. También será importante conocer si las autoridades revisarán el procedimiento y si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones.
El caso se suma a la discusión sobre la independencia y el control de las decisiones fiscales en investigaciones vinculadas con el narcotráfico.
Por ahora, los antecedentes permiten establecer que Jimena Marset fue detenida en España en junio de 2025, recuperó su libertad después de que se comunicara un sobreseimiento fiscal emitido en Bolivia y que la decisión volvió a ser objeto de atención pública en octubre de 2026.
El desafío para las autoridades será aclarar las circunstancias de esa resolución y determinar, con base en documentos y pruebas, si existieron irregularidades. Mientras tanto, las acusaciones contra Mariaca y las eventuales responsabilidades de otros funcionarios deben mantenerse en el ámbito de las investigaciones, sin anticipar conclusiones judiciales.
