Cainco propone bajar el impuesto a las utilidades del 25% al 10% para atraer grandes inversiones

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) propone reducir el impuesto a las utilidades de las empresas del 25% al 10% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 10% para atraer grandes inversiones a Bolivia. La iniciativa forma parte de un proyecto de ley de inversiones que también plantea estabilidad normativa por 30 años, incentivos tributarios y flexibilización laboral para proyectos que superen los 50 millones de dólares.

Luis Fernando Straus, gerente de Asuntos Corporativos de Cainco, explicó que la institución presentó la propuesta al Gobierno hace algunos meses y que, en paralelo, tiene preparado un proyecto de reforma constitucional. Según señaló, el objetivo es establecer condiciones que permitan captar capitales, dinamizar la economía y generar empleo.

El representante empresarial sostuvo que Bolivia necesita avanzar en reformas estructurales y en una ley general de inversiones que sirva de marco para posteriores normas sectoriales en áreas como hidrocarburos, minería, electricidad y turismo.

Estabilidad jurídica y tributaria por 30 años

Uno de los principales componentes de la propuesta es la creación de un régimen de incentivo a grandes inversiones, denominado RIGI, destinado a proyectos que superen los 50 millones de dólares.

Straus explicó que las empresas que califiquen para este régimen tendrían estabilidad normativa, lo que significa que conservarían las condiciones bajo las cuales planificaron sus inversiones, incluso si posteriormente se modifican determinadas leyes tributarias.

Como ejemplo, señaló que una empresa que invierta 500 millones o 1.000 millones de dólares en Bolivia podría mantener las reglas tributarias vigentes al momento de estructurar su proyecto, aunque después se modifiquen la Ley 843 o el Código Tributario.

La propuesta busca reducir la incertidumbre para los inversionistas, especialmente ante la posibilidad de cambios en las normas que afecten la rentabilidad de proyectos de largo plazo.

El planteamiento de Cainco contempla estabilidad normativa por un periodo de 30 años, según lo expuesto durante la entrevista. Straus considera que esa previsibilidad es un factor importante para atraer capitales nacionales y extranjeros.

Reducción de impuestos y cambios laborales

El proyecto plantea reducir el impuesto a las utilidades empresariales del 25% al 10% y el IVA del 13% al 10% para las empresas que ingresen al régimen de incentivos.

Straus sostuvo que estas medidas permitirían acercar el sistema tributario boliviano al de Paraguay, país que mencionó como referencia por contar con una estructura impositiva que considera más sencilla y favorable para captar inversiones.

La propuesta también incluye cambios en el régimen laboral aplicable a las empresas beneficiarias. Entre ellos, plantea flexibilizar la contratación y la rescisión de contratos laborales, además de incorporar criterios de productividad para la permanencia y los incentivos a los trabajadores.

El representante de Cainco aclaró que estos beneficios estarían dirigidos a las empresas que cumplan los requisitos del régimen especial de grandes inversiones, cuyo umbral mínimo sería de 50 millones de dólares por proyecto.

Cainco pide acelerar la aprobación de la ley

Straus consideró urgente aprobar una ley de inversiones y señaló que, cuanto antes se establezcan las nuevas reglas, más rápido podrá comenzar el proceso de recuperación económica.

La institución planteó que la norma sea aprobada idealmente en noviembre o diciembre, aunque el entrevistado advirtió que la llegada de capitales no se producirá automáticamente al mes siguiente de la promulgación.

Explicó que la ley general de inversiones sería el primer paso de un proceso que deberá complementarse con normas sectoriales para áreas estratégicas de la economía.

Entre ellas mencionó hidrocarburos, minería, electricidad y turismo, sectores que, según su criterio, tienen capacidad para dinamizar la actividad económica y generar divisas.

Straus expresó su preocupación porque, a casi un año de gestión del Gobierno, todavía no se hubieran aprobado leyes estructurales que, en su opinión, permitan modificar las condiciones económicas del país.

Diferencias con otros proyectos de inversión

Consultado sobre otras iniciativas legislativas, Straus señaló que el proyecto impulsado por el Gobierno supera los 100 artículos y cuestionó que contemple la figura de la expropiación dentro de una norma destinada a promover inversiones.

En contraste, destacó que Cainco plantea un régimen específico para grandes proyectos, con un umbral de inversión y beneficios definidos para quienes cumplan las condiciones establecidas.

El representante empresarial también mencionó que existen otras propuestas, incluidas iniciativas presentadas por distintos actores políticos y económicos. Sin embargo, consideró que la mayoría comparte principios similares en materia de estabilidad normativa, incentivos tributarios y condiciones para atraer capitales.

Proponen unificar las iniciativas del sector privado

Ante la posibilidad de que existan varios proyectos de ley de inversiones, Straus coincidió con la necesidad de construir una propuesta consensuada entre el sector público y el privado.

Señaló que los actores económicos podrían sentarse en una misma mesa para acordar lineamientos comunes y elaborar una norma que tenga posibilidades de aplicación inmediata.

Entre los puntos que considera prioritarios mencionó la estabilidad normativa, los incentivos tributarios, el acceso a divisas, la posibilidad de repatriar capitales al extranjero, el arbitraje internacional y la igualdad de condiciones entre la inversión nacional y la extranjera.

A juicio de Straus, existe coincidencia en buena parte de los principios planteados por las diferentes iniciativas, por lo que un proceso de diálogo podría facilitar la elaboración de una propuesta común.

El objetivo, concluyó, es contar con un marco legal que genere previsibilidad para los inversionistas y contribuya a atraer capitales, impulsar la actividad económica y crear empleos en Bolivia.