Luciana Campero denuncia presunta compra de votos en la elección de Roger Mariaca como fiscal general
Luciana Campero denuncia presuntas irregularidades en la elección de Roger Mariaca como fiscal general en 2024 y pide investigar el uso de lapiceros borrables y posibles pagos a legisladores hoy.
La exdiputada Luciana Campero denunció presuntas irregularidades en la elección de Roger Mariaca como fiscal general del Estado, realizada en octubre de 2024, y pidió que se investiguen posibles pagos a parlamentarios para asegurar votos a favor del candidato. Según su relato, durante la votación se habrían utilizado lapiceros de tinta borrable para modificar marcas en las papeletas.
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En una entrevista con Asuntos Centrales, Campero afirmó que dos operadores políticos, a quienes no identificó públicamente, habrían gestionado los presuntos pagos a legisladores. La exparlamentaria manifestó su disposición a declarar y aportar información si se abre una investigación sobre el proceso.
Las acusaciones se basan en el seguimiento que, según explicó, realizó a la sesión parlamentaria y en las diferencias que observó entre las fotografías de votos compartidas en grupos de WhatsApp y los resultados oficiales.
Campero afirma que advirtió irregularidades en la votación
Campero explicó que sus cuestionamientos al proceso comenzaron antes de la elección. El 9 de octubre de 2024 presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la ley de convocatoria para elegir al fiscal general, pocos días antes de la votación del 21 de octubre.
Según la exdiputada, la convocatoria vulneraba diez artículos de la Constitución Política del Estado. También aseguró que, antes de la elección, circulaban versiones entre parlamentarios sobre una presunta compra de votos para favorecer a Mariaca.
Campero sostuvo que inicialmente buscó impedir la elección mediante ese recurso constitucional. Sin embargo, afirmó que retiró la acción después de recibir presión de colegas de su bancada, a quienes vinculó con el entonces diputado Carlos Alarcón.
La exparlamentaria señaló que el recurso incluía una medida cautelar para evitar que el país quedara sin una autoridad fiscal definida conforme a la normativa. Su propuesta, según relató, contemplaba que el fiscal más antiguo asumiera temporalmente hasta contar con una convocatoria ajustada a la Constitución.
Lapiceros borrables y diferencias en los votos
Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere al supuesto uso de lapiceros con tinta borrable durante la elección.
Campero indicó que, en la primera vuelta, las fotografías de las papeletas que circulaban entre grupos de control parlamentario no coincidían con los resultados finales. Como ejemplo, mencionó que un candidato que, según las imágenes compartidas, debía obtener 49 votos terminó con 29.
La exdiputada también señaló diferencias en los votos nulos que, según afirmó, había emitido la bancada de Creemos.
En la segunda votación, de acuerdo con su relato, Roger Mariaca obtuvo 115 votos y el candidato Montellano alcanzó 33. Campero sostuvo que algunos legisladores habrían utilizado lapiceros de distintos colores para intentar evitar modificaciones en las papeletas, aunque dijo que esa medida no fue adoptada por todos.
La entrevistada interpretó las diferencias entre las imágenes y los resultados como indicios de que se habrían utilizado bolígrafos de tinta borrable para cambiar votos. No obstante, durante la entrevista no presentó una verificación independiente que confirme esa hipótesis.
Dos operadores políticos bajo sospecha
Campero afirmó que dos operadores políticos habrían intervenido en la presunta compra de votos. Consultada sobre sus identidades, decidió no revelar los nombres públicamente.
La exdiputada aseguró que ambos eran parlamentarios y que estaría dispuesta a identificarlos ante las autoridades si se inicia una investigación formal.
También manifestó su disposición a adherirse a una eventual denuncia para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante la elección.
“Me encantaría ser parte de los que son fundamentales en esta denuncia”, afirmó durante la entrevista, al insistir en la necesidad de aclarar un proceso que, a su juicio, tuvo consecuencias importantes para el país.
Campero sostuvo que las diferencias detectadas en el recuento dificultarían determinar qué legisladores habrían recibido pagos. Por ello, consideró necesario revisar los antecedentes de la sesión y las declaraciones que otros parlamentarios realizaron después de la votación.
Cuestiona la convocatoria y pide esclarecer la elección
La exdiputada también cuestionó el procedimiento legislativo que permitió la elección de Mariaca. A su criterio, las presuntas irregularidades debieron abordarse antes de la votación mediante una convocatoria que respetara plenamente la Constitución.
Campero responsabilizó políticamente a quienes, según su versión, contribuyeron a que la acción de inconstitucionalidad fuera retirada y sostuvo que el proceso pudo haberse evitado si el recurso hubiera seguido su curso.
Durante la entrevista, vinculó sus cuestionamientos con la necesidad de garantizar independencia y transparencia en el Ministerio Público. También expresó preocupación por posibles vínculos entre estructuras criminales y las instituciones estatales, aunque no presentó pruebas concluyentes que acrediten esas afirmaciones.
Pide una investigación sobre los presuntos pagos
Ante la posibilidad de que se solicite una investigación sobre la sesión parlamentaria, Campero afirmó que está dispuesta a colaborar y reiteró que considera necesario esclarecer las denuncias.
La exdiputada sostuvo que los archivos de la votación y las declaraciones de otros legisladores podrían aportar elementos para reconstruir lo sucedido.
Hasta que las acusaciones sean investigadas y contrastadas con documentación y testimonios, las presuntas irregularidades, el uso de lapiceros borrables y los posibles pagos deben considerarse denuncias pendientes de verificación.
El caso vuelve a poner en discusión la transparencia de los procedimientos de elección de altas autoridades del Estado y la necesidad de que las instituciones competentes esclarezcan cualquier indicio de corrupción en el ámbito legislativo.
