Exjefe de la FELCC advierte que el PCC y el Comando Vermelho llevan más de 20 años en zonas de Bolivia

Juan Carlos Ramos alerta sobre la presencia del PCC y el Comando Vermelho en Bolivia y cuestiona la debilidad judicial

El coronel Juan Carlos Ramos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), afirmó que las organizaciones criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho tienen presencia en Bolivia desde hace más de dos décadas y advirtió que su permanencia habría generado vínculos sociales y familiares en zonas fronterizas.

Durante una entrevista en el programa Desayuno Informado, de Asuntos Centrales, Ramos sostuvo que ambas organizaciones tienen presencia principalmente en provincias de los departamentos de Santa Cruz y Beni. Además, cuestionó la capacidad de las instituciones bolivianas para combatir el crimen organizado y denunció presuntos vínculos entre estas redes criminales y operadores del sistema penal.

Santa Cruz y Beni, entre las zonas señaladas

Ramos identificó a las provincias de San Ignacio de Velasco, Ángel Sandoval y Germán Busch, en Santa Cruz, así como Iténez, Mamoré y Vaca Díez, en Beni, como zonas donde, según su análisis, tienen presencia estas organizaciones.

El exjefe policial afirmó que su actividad no sería reciente y sostuvo que existen antecedentes de presencia de estas facciones criminales en territorio boliviano desde comienzos de este siglo.

Según Ramos, la capacidad económica de estas organizaciones, vinculada al narcotráfico y a delitos conexos, les permite buscar espacios donde consideran que el control estatal y el cumplimiento de las leyes son más vulnerables.

El entrevistado también mencionó al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación al referirse a otras organizaciones criminales que, según afirmó, estarían presentes en Bolivia.

Estas afirmaciones corresponden a la evaluación expuesta por Ramos durante la entrevista y requieren contrastación con información oficial de las autoridades competentes.

Ramos sostiene que existen vínculos familiares con el delito

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la explicación de Ramos sobre la permanencia de estas redes criminales en las zonas fronterizas.

A su juicio, la convivencia durante más de 20 años habría facilitado que personas vinculadas a actividades ilícitas se integren a los entornos sociales y familiares de algunas comunidades.

El coronel cuestionó la idea de que el fenómeno se limite al reclutamiento reciente de jóvenes por parte de organizaciones brasileñas. En cambio, sostuvo que algunas personas nacidas en esas zonas habrían crecido en entornos donde las actividades criminales formaban parte de la vida cotidiana de sus familias.

Como ejemplo, aludió a la detención de un joven de 19 años que, según indicó, tendría una vinculación directa y activa con integrantes del PCC. La entrevista no aportó detalles adicionales que permitan establecer el estado de esa investigación.

Denuncia presunta corrupción en el sistema penal

Ramos afirmó que las organizaciones criminales cuentan con recursos económicos para intentar influir en las instituciones encargadas de combatirlas.

Durante la entrevista, sostuvo que estas redes pueden buscar la complicidad de jueces, fiscales, policías y funcionarios del sistema penitenciario. Sus declaraciones constituyen denuncias generales y no identifican, en ese segmento, a todas las personas que presuntamente estarían involucradas.

El exdirector de la FELCC consideró que esta situación debilita la persecución penal y dificulta las acciones contra el crimen organizado.

También señaló que el problema no se limita a Santa Cruz, sino que alcanza al ámbito nacional. En su criterio, los casos de corrupción y las deficiencias institucionales afectan la capacidad del Estado para investigar, procesar y mantener bajo control a personas vinculadas con delitos graves.

Cuestiona decisiones judiciales en el caso Marset

Ramos también se refirió al caso relacionado con Sebastián Marset y cuestionó que se hayan otorgado medidas sustitutivas a la detención preventiva a personas vinculadas con esa investigación.

Durante la entrevista, mencionó a Tatiana Marset y a tres ciudadanos brasileños que, según su exposición, habrían sido identificados como parte del entorno de seguridad del narcotraficante.

El coronel sostuvo que las autoridades habían reunido elementos probatorios, entre ellos armas, municiones, vehículos blindados y aeronaves, y cuestionó la valoración judicial que derivó en la aplicación de medidas distintas a la detención preventiva.

A su juicio, las decisiones judiciales deben considerar los elementos presentados en cada caso y los riesgos que puedan representar las personas investigadas.

Sus cuestionamientos expresan la posición del entrevistado sobre esas resoluciones. La entrevista no incluye la versión de los jueces aludidos ni el detalle completo de los fundamentos judiciales que motivaron las medidas.

Advierte sobre la debilidad de las instituciones

El exjefe policial vinculó las dificultades para combatir el crimen organizado con lo que describió como un proceso de desinstitucionalización de las entidades responsables de la persecución penal.

Ramos mencionó a la Policía, el Ministerio Público, los órganos judiciales y la administración penitenciaria como componentes que, en su criterio, necesitan reformas para mejorar su funcionamiento y recuperar la confianza ciudadana.

También cuestionó que algunos procesos disciplinarios contra jueces no deriven necesariamente en consecuencias definitivas, debido a recursos y acciones legales que pueden modificar o frenar los procedimientos administrativos.

Para el entrevistado, la respuesta debe ir más allá de medidas aisladas y contemplar cambios estructurales en la organización y funcionamiento del sistema de justicia.

Propone una reestructuración de la justicia boliviana

Ramos planteó que una transformación institucional debe incluir al Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el sistema penitenciario. Consideró que esos cambios requieren adecuaciones normativas y constitucionales, además de apoyo institucional.

El coronel estimó que una reforma de esa magnitud podría tomar entre uno y tres años, por lo que advirtió que sus resultados no serían inmediatos.

La entrevista concluyó con un llamado a revisar las estructuras encargadas de combatir el crimen organizado y garantizar la administración de justicia.

Las declaraciones de Ramos ponen en el centro del debate la presencia de organizaciones criminales transnacionales, la vulnerabilidad de las zonas fronterizas y las dificultades institucionales para perseguir delitos vinculados al narcotráfico. La dimensión actual de esa presencia y las denuncias de presunta corrupción requieren contrastación con datos oficiales, investigaciones judiciales y versiones de las instituciones señaladas.