Marcel Rivas denuncia una red de funcionarios que habría facilitado documentos a extranjeros vinculados al crimen organizado

El exdirector nacional de Migración Marcel Rivas denunció que durante anteriores gestiones gubernamentales se habría conformado una red de funcionarios que facilitó documentos de identidad y residencia a ciudadanos extranjeros vinculados al crimen organizado. Afirmó que en 2020 su administración presentó una denuncia penal con documentación de respaldo contra exautoridades y funcionarios, pero que el caso no avanzó en la Fiscalía.

Durante una entrevista en el programa Desayuno Informado, Rivas se refirió al caso de un ciudadano brasileño identificado como Junior de Almeida Maya, quien, según lo expuesto en la conversación, habría utilizado distintas identidades para circular en Bolivia. Entre los nombres mencionados están Junior Trindade, Julio Javier Maya Zampayo y Julio Ses Barbosa.

Consultado sobre cuántas personas vinculadas a organizaciones criminales podrían estar utilizando identidades falsas en el país, Rivas respondió que serían muchas y aseguró que durante su gestión se detectó la emisión irregular de documentación para ciudadanos extranjeros.

Rivas afirma que detectaron documentos irregulares para más de 260 extranjeros

Al referirse a los antecedentes de su denuncia, Rivas sostuvo que en 2020 su administración identificó que más de 260 ciudadanos extranjeros habían obtenido documentación que, según dijo, había sido fraguada o emitida sin cumplir los requisitos establecidos.

El exdirector señaló que esos hallazgos permitieron identificar lo que describió como una estructura criminal que operaba dentro de instituciones estatales, particularmente en Migración y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

Según su versión, ciudadanos extranjeros relacionados con el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y otras actividades criminales habrían conseguido documentos bolivianos con la participación de funcionarios públicos.

Rivas sostuvo que era difícil que estas personas obtuvieran documentación de manera irregular sin la intervención de servidores públicos encargados de los procedimientos migratorios y de identificación.

Señala a exfuncionarios de Migración y del SEGIP

En la entrevista, Rivas identificó a Catherine Calderón como una de las personas que, según su denuncia, habría tenido un papel central en los procedimientos de extranjería. Explicó que, desde esa instancia, se elaboraban informes y se aprobaban permanencias y residencias de ciudadanos extranjeros, además de remitirse información al SEGIP para la emisión de documentos.

También mencionó que Calderón posteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Migración durante la gestión del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

Rivas afirmó que durante ese periodo se habría facilitado documentación a Sebastián Marset, tanto bajo su identidad como mediante un alias. Sostuvo que el ciudadano uruguayo habría contado con documentación migratoria, pasaporte y carnet boliviano.

El exdirector también mencionó a Patricia Hermosa, a quien identificó como exdirectora nacional del SEGIP durante esa misma gestión, y a Rebeca Barbosa Achacollo, a quienes atribuyó participación en la estructura que denunció.

Estas afirmaciones corresponden a las declaraciones de Rivas durante la entrevista y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

Denuncia de 2020 habría quedado archivada

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la denuncia penal que, según Rivas, presentó cuando estaba al frente de Migración, en 2020.

Explicó que el documento tenía más de 350 fojas e incluía carnets, informes, carpetas y otros elementos que, según afirmó, respaldaban las irregularidades detectadas.

También dijo que la denuncia describía el supuesto mecanismo utilizado para evadir los controles técnicos y electrónicos de Migración y del SEGIP, así como la participación de funcionarios que recibían documentación y permitían continuar los trámites pese a las irregularidades.

Rivas afirmó que la denuncia fue presentada contra Catherine Calderón, el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero y otros funcionarios.

Sin embargo, sostuvo que la investigación no avanzó durante la gestión del entonces fiscal general Juan Lanchipa. Según su versión, las denuncias quedaron archivadas y no se realizaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.

El exdirector atribuyó esa falta de avance a presuntas presiones sobre fiscales y autoridades departamentales. También mencionó al exfiscal departamental de La Paz, a quien vinculó con la estructura que denunció.

Se trata de acusaciones formuladas por Rivas en el programa. Durante la entrevista no se presentó una respuesta de las personas señaladas ni documentación que permita establecer el estado actual de esa denuncia.

Pide reabrir las investigaciones y actualizar los antecedentes

Rivas consideró que los recientes casos de ciudadanos extranjeros que habrían utilizado identidades diferentes en Bolivia deben impulsar una revisión de los antecedentes que, según dijo, fueron denunciados en 2020.

Pidió a la actual administración de la Dirección General de Migración profundizar las investigaciones, desarchivar la denuncia presentada durante su gestión y actualizar la documentación relacionada con los casos detectados.

Afirmó que el caso del ciudadano brasileño que habría utilizado tres identidades podría ser solo uno de varios hechos similares y sostuvo que existirían otros extranjeros vinculados al crimen organizado que consiguieron documentos bolivianos de manera irregular.

“Debe haber cientos y cientos de extranjeros vinculados al crimen organizado”, manifestó.

El exdirector insistió en que los funcionarios que presuntamente facilitaron estos trámites deben responder por sus actuaciones y sostuvo que la investigación debe alcanzar tanto a las instancias migratorias como a las instituciones que intervienen en la emisión de documentos de identidad.

Las declaraciones de Rivas vuelven a poner en discusión los controles para otorgar residencias, carnets y documentos bolivianos a ciudadanos extranjeros, así como los mecanismos de supervisión dentro de Migración y el SEGIP. El esclarecimiento de las denuncias que mencionó dependerá de las investigaciones y de las actuaciones de las autoridades competentes.