El abogado constitucionalista plantea cambiar el dominio tributario para que los departamentos recauden los impuestos generados en sus territorios y transfieran una parte al Gobierno central. También propone reformas en la Justicia, las autonomías y el régimen de inversiones.
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El abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda considera que el planteamiento del 50/50 en la distribución de recursos entre el Gobierno central y las gobernaciones no tiene posibilidades de concretarse en los términos en que fue presentado. A su juicio, la discusión sobre porcentajes es insuficiente si no está acompañada de una reforma estructural del Estado boliviano.
En entrevista con Asuntos Centrales, Urenda sostuvo que el acuerdo firmado entre los gobernadores y el Gobierno nacional no establecía compromisos concretos ni plazos efectivos para alcanzar una nueva distribución de recursos.
«Ese documento era básicamente un acuerdo para llegar a acuerdo», afirmó. Cuestionó que gran parte de los compromisos estuvieran derivados a mesas de trabajo, comisiones y estudios, sin mecanismos claros para garantizar resultados.
Para el constitucionalista, la discusión sobre el 50/50 terminó reducida a una negociación por porcentajes que no aborda el problema de fondo: el centralismo y la falta de una verdadera distribución de competencias y responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.
El 50/50 necesita una reforma estructural
Urenda considera que una redistribución de recursos no puede limitarse a modificar los porcentajes que reciben las gobernaciones. Antes, sostiene, el país necesita revisar el gasto público, las competencias estatales y el funcionamiento de las autonomías.
Uno de los puntos que cuestionó es el sostenimiento de empresas públicas deficitarias. Según señaló, Bolivia mantiene entre 40 y 50 empresas estatales, muchas de ellas con pérdidas, sin que exista un plan claro para cerrarlas, privatizarlas o modificar su funcionamiento.
A su juicio, esos recursos podrían destinarse a necesidades prioritarias como hospitales y colegios.
«Para que se dé una reforma a esta naturaleza tiene que darse un profundo recorte fiscal y una profunda reasignación de competencias», explicó.
El abogado considera que el Gobierno debe demostrar voluntad política para reducir gastos innecesarios y permitir que las autonomías funcionen efectivamente.
Urenda propone cambiar el dominio tributario
La principal propuesta de Urenda es modificar el dominio tributario para que los departamentos recauden los impuestos generados en sus territorios y posteriormente transfieran una parte de esos recursos al nivel central.
Actualmente, explicó, el esquema funciona en sentido inverso: el Gobierno central recauda los tributos y luego distribuye los recursos entre los distintos niveles del Estado.
Su planteamiento consiste en invertir esa relación.
«En vez de que sea el nivel central el que recaude y reparta a los departamentos, que sean los departamentos los que recauden los tributos que se generan en su territorio y ellos le den al nivel central», sostuvo.
Urenda identifica esta propuesta con el concepto de federalismo fiscal y la expresión inglesa territory first, que plantea priorizar la recaudación en el territorio donde se genera la actividad económica.
El constitucionalista aclaró que esto no significa que cada departamento se quede con la totalidad de lo recaudado. Considera que debe existir un mecanismo de distribución y compensación para los departamentos que, por sus características económicas, no tengan la misma capacidad de generar ingresos.
En ese sentido, mencionó la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan una distribución equilibrada de los recursos.
Santa Cruz debe construir una posición unificada
Urenda considera que Santa Cruz debería aprovechar la discusión sobre el pacto fiscal para impulsar una propuesta autonómica de mayor alcance.
Para ello, planteó convocar a las instituciones representativas del departamento: empresarios, trabajadores, profesionales, alcaldías, Gobernación y otras organizaciones.
Recordó el proceso que permitió la aprobación del Estatuto Autonómico mediante referéndum y destacó la unidad institucional que, según su valoración, se consiguió en aquella etapa.
A su juicio, Santa Cruz necesita recuperar esa capacidad de articulación para construir una propuesta común y posteriormente llevarla al debate nacional.
«Primero en casa tendríamos que tener una posición uniforme, común y luego tratar de irradiarla», afirmó.
También sostuvo que las reformas impulsadas desde Santa Cruz han tenido impacto nacional, como la autonomía, la elección de autoridades departamentales y municipales y el régimen de regalías.
¿Se necesita una reforma constitucional?
Sobre la viabilidad jurídica de su propuesta, Urenda explicó que un cambio en el dominio tributario podría comenzar mediante una ley ordinaria, tomando en cuenta que las competencias exclusivas del nivel central pueden delegarse en su ejecución y reglamentación, de acuerdo con su interpretación del marco constitucional.
Sin embargo, considera que el proceso debe complementarse con una reforma parcial de la Constitución.
En ese punto, destacó el principio de asimetría, que permitiría que los departamentos que quieran asumir determinadas competencias puedan hacerlo, mientras que aquellos que prefieran mantener el esquema actual no estén obligados a incorporarlas.
Recordó el referéndum autonómico de 2006, cuando Santa Cruz, Beni y Pando votaron a favor de las autonomías departamentales, mientras otros departamentos optaron por no hacerlo.
Para Urenda, ese antecedente demuestra que no necesariamente todos los departamentos deben avanzar al mismo ritmo ni asumir idénticas competencias.
Reforma judicial e inversiones: los otros dos desafíos
El constitucionalista identificó otros dos ámbitos que requieren modificaciones constitucionales: el sistema judicial y las condiciones para atraer inversiones extranjeras.
Sobre la Justicia, cuestionó el mecanismo de elección de autoridades judiciales mediante voto popular y consideró que el país necesita modificar ese modelo frente a los problemas de corrupción.
«El país ya no da más en su nivel brutal de corrupción», manifestó durante la entrevista.
En materia económica, planteó revisar las disposiciones constitucionales que impiden el arbitraje internacional para determinadas controversias vinculadas con inversiones.
Según Urenda, esa restricción genera desconfianza entre los inversionistas extranjeros, que necesitan garantías de que eventuales conflictos puedan resolverse en instancias imparciales.
A su juicio, mientras Bolivia no ofrezca condiciones institucionales y jurídicas adecuadas, será difícil atraer inversiones extranjeras de mayor escala.
Una reforma de fondo para Bolivia
La propuesta de Juan Carlos Urenda va más allá de la discusión sobre cuánto dinero deben recibir las gobernaciones.
Su planteamiento apunta a modificar la relación fiscal entre el Gobierno central y los departamentos, profundizar las autonomías y revisar aspectos centrales de la Constitución.
Para el abogado, la discusión del 50/50 debería convertirse en una oportunidad para debatir un nuevo modelo de Estado, con mayor capacidad de decisión territorial, una reducción del gasto público improductivo y mejores condiciones para la inversión.
La pregunta de fondo, según su planteamiento, ya no es solamente cómo distribuir los recursos, sino quién los recauda, quién decide sobre su utilización y qué competencias debe asumir cada nivel de gobierno.
