Nueva Ley de Hidrocarburos busca reducir la participación estatal y atraer inversiones privadas

YPFB plantea reducir el government take a cerca del 54% mediante un esquema progresivo para hacer más atractiva la inversión en el sector hidrocarburífero.

Bolivia necesita modificar las condiciones económicas del sector hidrocarburífero para atraer nuevas inversiones privadas. Esa es una de las principales razones por las que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) considera urgente el tratamiento de una nueva Ley de Hidrocarburos, según explicó su presidente, Sebastián Daroca, en entrevista con Asuntos Centrales.

Uno de los cambios centrales planteados es reducir la participación estatal en los ingresos generados por la explotación de hidrocarburos. Daroca señaló que el actual government take —la proporción de los ingresos de un proyecto que queda en manos del Estado mediante impuestos, regalías y otras participaciones— alcanza niveles de entre el 80% y el 94%, dependiendo de las características de cada campo y del precio asignado a la producción.

Para el presidente de YPFB, ese esquema ha dejado de ser competitivo y dificulta que las empresas aprueben nuevos proyectos de exploración y explotación en Bolivia.

El government take podría bajar a cerca del 54%

Durante la entrevista, Daroca mencionó que el nuevo marco legal debería establecer una participación estatal cercana al 54% como referencia, aunque aclaró que no se trataría de una tasa única para todos los campos.

La propuesta contempla un esquema progresivo: la participación del Estado aumentaría a medida que crezca la producción de cada campo. En determinados escenarios, incluso podría alcanzar niveles similares a los actuales, siempre que el volumen producido y los precios permitan mantener la viabilidad económica del proyecto.

“Depende de campo a campo”, explicó Daroca, al señalar que no debería aplicarse una misma regla para todos los proyectos hidrocarburíferos.

El planteamiento busca modificar la distribución de los ingresos para que las empresas tengan mayores incentivos para invertir, especialmente en campos donde los costos y las condiciones actuales hacen que los proyectos no sean financieramente atractivos.

El 54% mencionado por Daroca es una referencia expuesta durante la entrevista. No constituye todavía una tasa definitiva ni una disposición legal aprobada. Su aplicación dependerá del contenido de la nueva ley y de las condiciones que se establezcan para cada operación.

Bolivia busca competir por inversiones con Argentina, Venezuela y Surinam

YPFB considera que Bolivia debe ofrecer condiciones más competitivas para captar capitales en un escenario regional distinto al de hace tres décadas.

Daroca mencionó a Vaca Muerta, en Argentina, además de Venezuela y Surinam, como destinos que compiten por las inversiones de las empresas internacionales del sector.

Según explicó, las compañías evalúan las oportunidades de acuerdo con la rentabilidad esperada y las condiciones económicas de cada país. Si un proyecto en Bolivia arroja resultados negativos, la empresa puede optar por destinar esos recursos a otro mercado.

El presidente de YPFB sostuvo que existen proyectos con posibilidades de desarrollo, pero que algunas evaluaciones financieras no justifican actualmente la inversión. En esos casos, las casas matrices de las operadoras pueden decidir no aprobar los recursos y priorizar otras oportunidades.

Por eso, el cambio del government take forma parte de una discusión más amplia sobre las condiciones que Bolivia debe ofrecer para recuperar la actividad exploratoria y desarrollar nuevos campos.

La nueva ley es considerada urgente para desarrollar proyectos

La reforma del marco legal también está vinculada con la situación de las reservas y la producción de gas natural.

Daroca afirmó que Bolivia se encuentra cerca del límite de su capacidad para sostener las exportaciones en los próximos años. En ese contexto, señaló que algunos recursos contingentes ya descubiertos podrían desarrollarse en plazos de uno a dos años, siempre que existan inversiones y condiciones económicas adecuadas.

YPFB estima que se necesitan al menos 440 millones de dólares para desarrollar proyectos de recursos contingentes identificados. Esas inversiones permitirían ampliar el horizonte de producción y dar margen para mantener las exportaciones hasta 2035, de acuerdo con el escenario planteado por el presidente de la estatal.

Sin embargo, esos proyectos requieren decisiones de inversión que no se concretan únicamente con la existencia de recursos en el subsuelo. También necesitan infraestructura, trabajos de desarrollo y condiciones que permitan recuperar el capital invertido.

Daroca insistió en que la nueva ley debe facilitar ese proceso y generar un marco económico diferente al que ha regido durante los últimos años.

YPFB pide acelerar el tratamiento en la Asamblea Legislativa

El presidente de la estatal sostuvo que el tratamiento de la nueva Ley de Hidrocarburos debe avanzar con rapidez en la Asamblea Legislativa. A su criterio, un retraso puede postergar proyectos que necesitan tiempo para entrar en operación.

El planteamiento también está relacionado con la seguridad jurídica que demandan las empresas antes de comprometer inversiones de largo plazo.

Daroca defendió la continuidad de las exportaciones de gas y descartó que detenerlas sea la solución inmediata. Según los datos que expuso, la renta petrolera de 2025 y 2026 se encuentra en el orden de los 1.000 millones de dólares, y cerca del 70% proviene de las exportaciones. Esos ingresos tienen impacto en las cuentas públicas y en los recursos que reciben regiones productoras, municipios y universidades.

En ese escenario, la apuesta de YPFB consiste en mantener los ingresos de exportación mientras se crean condiciones para desarrollar nuevos recursos y ampliar la producción.

Una propuesta que todavía debe convertirse en ley

La reducción del government take es uno de los puntos centrales del cambio que plantea YPFB, pero su alcance dependerá de la propuesta normativa que llegue a la Asamblea Legislativa y de su posterior aprobación.

Por ahora, el 54% señalado por Daroca funciona como una referencia para discutir un nuevo esquema de participación estatal, no como una decisión definitiva sobre el reparto de ingresos en todos los campos.

El debate de fondo será cómo equilibrar la participación del Estado, la rentabilidad de las empresas y la necesidad de atraer capital para recuperar la producción de hidrocarburos.

La nueva Ley de Hidrocarburos deberá definir esas condiciones. De su contenido dependerá, en buena medida, si Bolivia consigue convertir los recursos identificados en nuevos proyectos de producción y mantener su presencia en el mercado regional de gas.